El anuncio oficial de que el Estado guatemalteco canceló unilateralmente el convenio que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), motivó reacciones diversas que van del aplauso a la condena. Perspectiva presenta los comentarios de personalidades afines y contrarias a la medida, así como el análisis del politólogo Christians Castillo.

Roxana Orantes Córdova

El Día de Reyes en Guatemala fue sui géneris. En horas de la tarde, dos grupos ciudadanos opuestos manifestaron. Los primeros, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para apoyar el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio Zuluaga y los segundos, en El Obelisco, en defensa de la soberanía nacional y contra la CICIG.

En el aeropuerto, el ambiente se tornó violento cuando activistas y algunos reporteros agredieron de diversas formas a Rodrigo Polo, quien también estaba realizando la cobertura noticiosa de los hechos, debidamente identificado con su acreditación de periodista. Palabras soeces, gestos obscenos y gritos teatrales acompañaron las agresiones contra el comunicador, mientras un grupo de fiscales del Ministerio Público (MP), periodistas y miembros de grupos civiles ingresaban a una sección del Aeropuerto restringida, transgrediendo los protocolos de seguridad.

En las primeras horas del lunes 7, todo apuntaba al pronto retorno de esa comisión al país. Osorio entró pese a la orden de las autoridades migratorias, amparado por un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) y los dos funcionarios del aeropuerto que habían negado la entrada al colombiano, según el protocolo, fueron ligados a proceso por “desobedecer la orden del tribunal constitucional de mayor rango en el país”, dijo el juez poco antes de declararlos libres bajo fianza.

El triunfalismo de quienes avalan la presencia indefinida de esa entidad en Guatemala se sintetizó en la columna de opinión de Edgar Gutiérrez, quien tituló: “Este gobierno está fuera de juego” e instó a la CC, a la que denominó “árbitro”, a “sacarle tarjeta roja” al presidente.

El columnista y ex funcionario portillista, quien es uno de los gestores de la CICIG, comparó al gobierno de Morales (que llama régimen), con el de Jorge Serrano, en un implícito llamado a la defenestración.  Sin embargo, la euforia pro CICIG duró pocas horas, porque mientras se publicaba esa columna y los dos empleados de Migración eran liberados, la canciller Sandra Jovel viajaba hacia Nueva York, donde acudió a la sede de las Naciones Unidas para informar lo que esperaba el grupo opuesto a la CICIG: el gobierno guatemalteco ha dado por finalizado el convenio unilateralmente.

Además de varios señalamientos por múltiples irregularidades en los procesos acompañados por la CICIG, que van desde la injerencia en temas políticos, (cuando algunos diputados fueron presionados para aprobar un proyecto de reformas constitucionales), hasta la utilización de criminales como testigos probablemente falsos, el mandatario y la canciller enfatizaron en que llevan dieciséis meses tratando de negociar el tema con el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, quien negó esto en un comunicado en el que aseguró que “ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses”.

Uno de los entes más activos en el ingreso de Yilen Osorio a Guatemala fue la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Para conocer su posición sobre el anuncio de Morales, hoy por la tarde, Perspectiva se comunicó por teléfono con Jordán Rodas, quien se excusó de dar una declaración, puesto que se encontraban analizando la posición que externarían.

Poco después, en su cuenta de Twitter, el PDH escribió: “El Presidente de la República no está por encima de la ley. El acuerdo de la CICIG es una ley interna. El accionar del Presidente transgrede la ley. Una vez más, el MP y la CC tienen la responsabilidad trascendental de restablecer el Estado de derecho”.

Este comentario fue calificado por el constitucionalista José Luis González Dubón como “una total estupidez.  No sé cómo le dieron el título de abogado a este individuo. El referido acuerdo no es una ley interna, por supuesto. Pero si así fuera, el Artículo 204 de la Constitución, establece que esta prevalece sobre otras leyes. Me pregunto de qué habla este señor”.

Entre las muchas aristas de esta situación, hay dos elementos interesantes que vale la pena resaltar por contradictorios y porque le aportan “color” al momento político:

El ex mandatario Alfonso Portillo, único presidente guatemalteco que ha sido extraditado a Estados Unidos por corrupción, expresó públicamente que Iván Velásquez es un hombre intachable.

Según afirmó Morales en conferencia de prensa, la CICIG no le responde a nadie. El mandatario se refirió a que el 19 de enero, la Secretaria General Adjunta para Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary A. Di Carlo, expresó en una misiva dirigida a los familiares del ex ministro Carlos VIelmann: “aprovechamos para recordar que la CICIG no es un organismo de las Naciones Unidas y que funciona de manera independiente”.  Ante esto, Morales se preguntó a quién responde la CICIG, si no le da cuentas a la ONU ni a Guatemala.

A continuación, algunas de las reacciones más representativas de las diversas posturas en torno al acuerdo, así como la explicación del politólogo, quien asegura que es necesario considerar algunas variables geopolíticas, relegadas al calor de las posiciones emocionales.

“Una decisión desastrosa”

Para Mauro Vay, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la decisión del mandatario “es desastrosa para Guatemala. La impunidad y el crimen organizado se enquistan nuevamente en el sistema de justicia, en los tres poderes. La CICIG era lo único que podía controlar al país”.

El dirigente de la organización que recientemente se conformó como partido político, bajo el nombre de Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL), agregó: “ojalá el pueblo reaccione y defienda la permanencia de la CICIG”.

Consultado si su organización promoverá otro paro nacional, similar a varios donde han demandado la renuncia de Morales, explicó que su organización es a nivel nacional, por lo que cualquier acción debe ser analizada y planificada. “No podemos reaccionar inmediatamente”, dijo.

“La CICIG se había transformado en una organización criminal”

José Luis González Dubón, constitucionalista y fuerte opositor de la CICIG desde que, durante el gobierno de Alfonso Portillo se promoviera el proyecto bajo las siglas CICIACS, expresó:

“Era un proyecto insostenible y se había transformado en una organización criminal que estaba atemorizando a la gente con procesos penales, utilizando pruebas falsas para lograr sus fines. Destruyó el sistema de justicia y eliminó la poca confiabilidad que se tenía en jueces y magistrados. Decisiones abiertamente inconstitucionales, como las tomadas por la CC, ya estaban rebasando los límites. Afortunadamente, el Presidente tomó la decisión de terminar el convenio”, dijo.

Según González Dubón: “a la CICIG le llegó el día. Aunque la izquierda va a brincar, no pueden hacer nada. El pueblo apoyará al Presidente, y si es necesario deben aplicarse las leyes contra los fascinerosos que apoyan esa entidad. Y termino recordando que Guterrez no manda en Guatemala, está violentando el derecho internacional”.

“La importancia de garantizar el orden”

Al preguntarle sobre la posibilidad de que el gobierno implante un estado de excepción, como se ha mencionado, el doctor Alfredo García, asesor del Congreso, mencionó que garantizar el orden es lo más importante en este momento.

“La ONU incumplió el convenio y la contraparte se vio obligada a retirarse de este, tal como afirmó el embajador guatemalteco Jorge Skinner-Klée, desde agosto de 2017 se intentó negociar con la ONU, pero el secretario Antonio Guterrez mostró total indiferencia y no dio ninguna respuesta. Por lo tanto, el gobierno guatemalteco tiene todo el derecho de retirarse del convenio”, concluyó.

La variable geopolítica

El politólogo del IPNUSAC, Christians Castillo, expresó que el primer elemento para analizar esta coyuntura crítica es que se trata de una acción de fuerza. “No se manifestó la intención del gobierno central de utilizar los canales de negociación para dar por terminado el convenio. Al mismo tiempo, la reacción de Guterrez puede calificarse de berrinche. Una confrontación entre dos personas”, explicó.

Entre las variables interesantes que se han tomado a la ligera, señaló la presencia de la familia Bitkov en la conferencia de prensa del mandatario. “Es una variable geopolítica, que algunos calificaron como un circo, pero donde los debilitados resultan ser Guterrez y la ONU”.

Tanto Morales como Jovel afirmaron que no se les atendió durante dieciséis meses, dice el analista, quien añade que la situación evidencia una reacción visceral y poco sesuda del secretario general de la ONU.

Las reacciones a esta situación pueden poner en riesgo la institucionalidad. Por ejemplo, la CC podría ser perjudicada, comentó el politólogo, quien añadió que el diputado Fernando Linares Beltranena ya mencionó la posibilidad de un estado de excepción, lo que a criterio de Castillo, podría desencadenar en Guatemala una crisis similar a la de Guatemala.

“Nos dejarían solos. No representamos un baluarte geoestratégico. Esta es una variable delicada para el gobierno. En medio de la alocución del mandatario, se presentó la declaración de un senador estadounidense, condenando a la CICIG por el caso Bitkov. Es como la réplica de un escenario de la guerra fría, donde las confrontaciones entre las dos potencias se dirimen en las repúblicas bananeras, que terminan poniendo las víctimas”, concluyó.

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