Por lo menos dos de los señalamientos contra el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contienen acusaciones graves, afirma el abogado Raúl Falla, quien agrega que la solicitud de antejuicio de la FECI contra el juez Víctor Cruz pareciera el intento por “castigar a un juez valeroso que se atrevió a enfrentar a Thelma Aldana”.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días, el juez séptimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, Fredy Raúl Orellana Letona, trasladó la denuncia por sedición que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), interpuso contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

Raúl Falla, abogado que representa a la citada fundación habló con Perspectiva sobre dos serios señalamientos contra Sandoval, quien a criterio de Falla, “podría terminar en la cárcel”.

“Por lo menos dos acusaciones graves”

Está documentado que el 14 de septiembre de 2017, Sandoval participó en una manifestación que pedía la renuncia de Jimmy Morales. La protesta se salió de control y algunos vándalos dañaron la tribuna que se preparaba para el festejo del 15.

Blanca Celeste Ovando, de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), solicitó desestimar la denuncia, con base en que el jefe de la FECI tiene derecho a manifestar públicamente su inconformidad contra un funcionario público, explica Falla.

“Pero no era cualquier funcionario público, sino era al que Sandoval estaba investigando por el caso de financiamiento electoral ilícito. Es absurdo e inaceptable que un investigador acuda a una manifestación contra el funcionario al que está investigando. Eso se llama abuso de autoridad y sedición. Fue lo que cometió el fiscal el 14 de septiembre”.

Para ejemplificar lo inapropiado e ilegal en la conducta de Sandoval, Falla dice: “es como si un juez de trabajo acudiera a manifestar a una huelga para reinstalar a trabajadores de una empresa y el litigio estuviera en su juzgado. O como si el fiscal del caso Siekavizza se hubiera presentado a las diferentes manifestaciones relacionadas con ese caso. Sandoval es ciudadano de acudir a la marcha del orgullo gay o a una manifestación por la familia. Pero si se presenta a pedir la renuncia de su investigado, que era Morales, cae en abuso de autoridad”.

Aunque el caso fue trasladado a un juzgado de paz, Falla está convencido de que el juez de paz lo retornará a la instancia penal, porque según dice, solamente el abuso de autoridad implica penas de entre cinco y ocho años.

“Estamos cansados de estos abusos. La FECI debe comprender que no tienen poder ilimitado. Los funcionarios deben sujetarse a lo que la ley permite y en el caso de Sandoval, no le estaba permitido acudir a esa manifestación”.

Para Falla, es “cuestión de tiempo” que desaparezca el terror que ha existido en los juzgados. “Llegaron a tener mucho poder, y muchos de estos operadores que motivaban temor en los jueces, siguen en el MP.

“El 14 de septiembre, turbas que se identifican como defensores de derechos humanos dañaron patrimonio nacional y el MP liderado por Thelma Aldana no hizo absolutamente nada”, recuerda Falla. Sin embargo, agrega que en el lugar de aquella manifestación había vehículos del MP con placas tapadas. “Estos vehículos fueron identificados claramente”, explica.

El segundo caso por el que la FCT ha denunciado a Sandoval es el de Oderbrecht, donde “el fiscal se atribuyó una calidad que corresponde al Procurador General de la Nación (PGN), viajó a Brasil, firmó convenios de colaboración eficaz y dejó impunes a los responsables de una millonaria defraudación al Estado de Guatemala, a cambio de contar con algunos colaboradores que le garantizaron encarcelar a quien le interesaba a la CICIG-FECI. Sin embargo, el país perdió una suma considerable, debido a que no logró la devolución del pago de la fianza, como lo lograron otros países”, dice Falla.

“En el MP existe una pugna obvia y hay gente con mucho poder que sigue teniendo influencia. Trataron de declarar espurio el caso contra Thelma Aldana, pese a que se trata de un edificio con Q10 millones de sobrevaloración. Sin embargo, el panorama comienza a aclararse y hoy vimos cómo las implicadas fueron ligadas a proceso”.

También  son evidentes acciones que para Falla, podrían significar represalias contra jueces que se atreven a desafiar a ese poder paralelo creado por el ente que, paradójicamente, debió desarticular los grupos paralelos en el Estado.

“Está el caso del juez Mynor Moto, castigado por no responder como Iván Velásquez quería. Y recientemente, la solicitud de antejuicio contra Víctor Cruz, el único que se atrevió a enfrentarse contra Aldana, emitiendo la orden de captura. Pero ya pasó el tiempo de Iván Velásquez. La acción contra Cruz, solamente demuestra la debilidad de parte de ellos y reafirma que las cosas en Guatemala están cambiando”.

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