La necesidad de que las Organizaciones no Gubernamentales rindan cuentas “claras y cabales” al Estado está plasmada en la iniciativa 5257, que reforma la ley vigente sobre ONG´s y cuya tercera lectura estaba programada para la semana pasada, aunque no se realizó. Dos asesores parlamentarios exponen sus puntos de vista sobre el tema.

Redacción

Para algunas opiniones, el proyecto de reformar la ley de Organizaciones no Gubernamentales, es parte del paquete de leyes regresivas que pretenden castigar a la sociedad civil. “Muchas veces, le sacamos la tarea al Estado”, afirmó a los medios Aldo Dávila, director de Gente Positiva, en una de las primeras protestas contra la aprobación de las reformas a la ley de Organizaciones no Gubernamentales y las obligaría, entre otros, a inscribirse en el registro de personas jurídicas y rendir cuentas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), señala el asesor parlamentario Alfredo García.

Según Otto Zeissig, también asesor parlamentario, la modificación a la normativa vigente resulta redundante. Según dice: “mi impresión es que se trata de una reforma innecesaria”.

Para empezar, Zeissig duda que el Ejecutivo tenga capacidad para ejecutar los debidos controles al manejo de fondos de las ONG´s, “a menos que quieran perseguir a alguna en especial”. Sobre todo, señala, porque el proyecto de reforma surgió en un momento de especial polarización.

La figura de organización no gubernamental, continúa Zeissig, la tienen varias organizaciones, incluyendo a varias cercanas a empresarios. “Uno de los artículos planteados en la reforma permite al gobierno interferir en las administración y otras interioridades de esas organizaciones. Además de ser medidas extremas, no hay capacidad estatal para plantearse esa tarea”

Otra opinión señala que la reforma es una necesidad urgente, puesto que una considerable tajada del Presupuesto General de la Nación se destina a entidades que suelen emplear los fondos de sus donantes (entre ellos el Estado), en fines muy diferentes de los planteados originalmente.

Al revisar los reparos de la Contraloría General de Cuentas, que se encuentran en Internet, pueden hallarse señalamientos contra algunas de estas organizaciones. Una breve revisión encontró reparos a por lo menos dos de las ONG´s más favorecidas por el Presupuesto General de la Nación.

La iniciativa 5257, que reforma la vigente Ley de Organizaciones no Gubernamentales, sigue pendiente de tercera lectura. El proceso apenas empieza, afirma el asesor legislativo Alfredo García, quien menciona que necesariamente deberán hacerse varias modificaciones a la redacción y, si se aprueba en tercera lectura, entra la revisión por artículos y la aprobación final.

“Uno de los principales problemas de las ONG´s financiadas por el gobierno es que tienen vínculos políticos, lo que las hace dudosas y sospechosas, puesto que pueden apoyar a determinados ministros quienes proponen las transferencias de fondos a Finanzas”.

De esta manera, dice García, dejan de ser organizaciones no gubernamentales para convertirse en armas de presión al Estado que las financia, pese a las dificultades para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Al respecto, el asesor cita el artículo 157 de la Constitución Política de la República, según el cual, el crecimiento del gasto público debe ir de la mano con el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que para este año fue del 3.2%. “No debiera incrementarse más que eso”, concluye.

Las alianzas estratégicas de algunas  ONG´s

El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), es una organización feminista que se fundó como colectivo de autoayuda en 1988. “En relación al GGM, es importante resaltar, que dentro del Presupuesto de la PGN, se encuentra una transferencia para esta organización por Q. 14.5 millones”, asegura un análisis interno del Congreso al que Perspectiva tuvo acceso.

Esta transferencia, se sumaría a los Q 9,5000,000 solicitados (también como transferencia), de los fondos del Ministerio de Gobernación, que el documento mencionado sugiere reducir a Q 4,500,000.

Según el texto citado, la Asociación GGM es muy cercana a una diputada, quien les apoyaría en la gestión de fondos. Perspectiva intentó reiteradamente comunicarse con ella, pero no respondió las llamadas a su celular. El mismo documento asegura que la legisladora citada también apoya a organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Para el analista citado, quien pidió no ser mencionado, “los diputados harán “lobby” por una mayor asignación a cambio de recibir ellos o ellas una transferencia directa de fondos, que nada mal les caerán para la próxima campaña, o en caso de no reelegirse, para tener un fondo de previsión. Y es impresionante como pululan estas organizaciones y mas los diputados, defendiendo cada quien la parte del pastel que les corresponderá”.

Incluso, se menciona que un legislador “tiene sus intereses fincados en el Ministerio de Cultura y Deportes”, de donde pretende obtener fondos para su reelección “y también el ex ministro tendrá para su campaña”.

Sobre los varios ejemplos que menciona el texto elaborado por un asesor económico del Congreso, el que probablemente sea más dramático es el de Salud, puesto que se trata de un sector que se encuentra en crisis permanente y con una situación paupérrima. Sin embargo, en la propuesta de presupuesto se pretende dotar de Q4,000,000 a la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica. Una revisión de Guatecompras evidenció que, con fondos provenientes de ese ministerio, la citada organización imprimió “bolsas” para un evento.

También resulta dramático el caso de una ONG que sobrevalúa el alquiler de equipo de diálisis. “Cuestan a los sumo US$ 3 mil doscientos al año, pero ellos cobran por alquilar el equipo al mes montos superiores a los Q35 mil. Acá acá el negocio no solo es entre los representes legales de esas ONG´s y los diputados, sino también existe participación de ex ministros, viceministros y gerentes de salud”, señala el texto.

Otro motivo de indignación es que organizaciones financiadas con fondos estatales realicen abortos clandestinos o entreguen medicamentos como el misoprostol, que es un peligroso abortivo. Esto, sin consentimiento informado, indica el economista mencionado.

Entre las recomendaciones de este profesional, están:

  • Las instituciones que reciben aportes constitucionales deben limitarse al monto asignado por la ley.
  • La Contraloría General de Cuentas debe ejercer un verdadero control sobre esas organizaciones.
  • Mantener el nivel de la inversión pública, ya que aunque se estima que el 19.8 por ciento del gasto será para este rubro, aún es un nivel bajo para el país.

Evidentemente, no todas las organizaciones creadas para prestar servicios que el Estado no cumple pueden calificarse de corruptas, perversas o aliadas políticas de funcionarios o legisladores. “Por ejemplo, la labor de Fe y Alegría es estupenda y totalmente transparente”, concluye García.

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