El proyecto de ley 5337, que propone reformar la Ley de Reconciliación Nacional, está pendiente de un tercer debate, donde se determinará si pasa a la lectura por artículos. El tema ha motivado posiciones contrapuestas.

Por una parte, quienes se identifican como víctimas del conflicto armado, en su mayoría participantes de organizaciones sociales y no gubernamentales, y por la otra la Asociación Justicia y Reconciliación (ASOJURE), constituida por 27 organizaciones que agrupan a familiares de militares, militares y oficiales retirados, quienes luchan para que una amnistía general sea el primer paso hacia una tardía reconciliación.

Para conocer la posición de ASOJURE, Perspectiva logró una entrevista exclusiva con el general Fredy Ramírez, presidente de ASOJURE, y el coronel José Recinos. Ambos explicaron los antecedentes de la normativa y enfatizaron en que el gremio militar se siente traicionado por las modificaciones que diputados de izquierda hicieron hace varias décadas a lo pactado en Oslo, Noruega, durante la negociación de paz.

Pese a que el Ejército logró la victoria en un enfrentamiento armado con fuerzas irregulares, señala Recinos, se está juzgando a sus oficiales como a criminales, mientras los ex comandantes y ex miembros de la insurgencia permanecen amparados por una retórica que los victimiza y no son llevados a juicio debido a la manipulación que se realizó de la normativa citada, cuya reforma sería la única vía para lograr una real reconciliación nacional, agrega Ramírez.

Roxana Orantes Córdova

Coronel Recinos, ¿considera que los Acuerdos de Paz fueron manipulados para llegar a los actuales juicios contra militares retirados?

Por supuesto. La ley que se concibió a partir del Acuerdo de Oslo, que estableció la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, firmado en junio de 1994, indica claramente que “los trabajos e informes de la Comisión no individualizarán responsabilidades ni tendrán propósitos o efectos judiciales”.

La ley se concibió para amnistiar a todos los actores, pero fue manipulada posteriormente, cuando los diputados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), Nineth Montenegro, Rosalina Tuyuc y Amílcar Méndez, agregaron una enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional, donde se declararon imprescriptibles los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

¿Cuáles fueron los actores en la guerra interna?

En Guatemala no hubo guerra, sino enfrentamiento armado interno. Y reitero, que cuando luego de un enfrentamiento y se firma la paz, tiene que haber amnistía para todos los actores involucrados.

En el enfrentamiento guatemalteco, además de la guerrilla y el Ejército, estuvieron involucrados sectores de la iglesia, universidades, Organizaciones No Gubernamentales,  (ONG´s), y sectores de la iniciativa privada. Por parte del Estado, participaron fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, las Patrullas de Autodefensa Civil y otros.

¿El Ejército aceptó la enmienda que abrió la puerta a los juicios actuales contra sus oficiales?

El Ejército fue sorprendido en su buena fe y accedió a esa enmienda, aceptando la firma de la paz que era sinónimo de reconciliación, mientras la izquierda mantuvo la posición de seguir luchando en otras trincheras, en este caso la legal.

Durante los diez años que duró la negociación de los acuerdos, lograron eliminar figuras como comisionados militares, Patrullas de Autodefensa Civil y finalmente, reducir al Ejército y relegar a la llamada “línea dura”, constituida por quienes combatieron a la insurgencia, mientras ubicaron en puestos clave a militares que cumplían funciones administrativas o estuvieron en la marina y lugares menos implicados en el enfrentamiento armado.

¿Considera que la ex guerrilla faltó a su compromiso de reconciliación?

Desde el principio hicieron ver que no iban a cumplir. Uno de los primeros directores del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), fue Juan Tuyuc, hermano de Rosalina Tuyuc. Era uno de los más sanguinarios miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y cuando murió atropellado en un accidente automovilístico, grupos de izquierda aseguraron que había sido asesinado.

General Ramírez, ¿cuál es su visión de lo que sucedió?

Tuve suerte de estar en los dos procesos. Era teniente coronel cuando se comenzó a negociar la paz. Quiero recalcar que los militares no tenemos una visión que incluya el factor político, la misión del Ejército es resguardar y obedecer al Estado. Nuestro Comandante General es el presidente de turno y a la institución armada no le compete discutir ni debatir sus decisiones.

Por ello, no tuvimos ningún reparo ni comentarios sobre los acuerdos de paz y la forma en que se estaban discutiendo. No nos quedó otro recurso más que negociar y mantener nuestra misión de velar por la soberanía, paz y libertad del Estado.

Poco después de firmados los acuerdos, se realizó un plebiscito para avalarlos y ganó el No. Sin embargo, fue como si no se hubiera realizado este plebiscito.

¿En qué momento comienza a involucrarse en la coyuntura nacional?

En 2016, varios militares retirados coincidimos en fundar ASOJURE, preocupados por la captura de 18 militares. Consideramos que estos juicios representan para la ex guerrilla, la continuidad de su lucha y nos unimos para contrarrestar esta traición a la paz.

La captura de 18 oficiales es un hecho muy significativo que debilita aún más al Ejército, que optó por mantener una posición apegada a la Ley de Reconciliación Nacional, aun cuando se había manipulado el artículo 8 de esa ley, siguiendo el espíritu de la llamada justicia transicional.

¿Qué es la justicia transicional?

Es un engendro creado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiende a juzgar únicamente a los gobiernos o Estados involucrados en enfrentamientos. La justicia transicional debiera darse para todos, pero no es así. Y no es solamente en Guatemala, es a nivel internacional.

Como ejemplo, la funcionaria de CICIG que estuvo en Quetzaltenango y actualmente está en Colombia implicada en manipular la justicia para favorecer a los ex guerrilleros colombianos.

El mensaje de esto es: “yo soy terrorista. Hago terrorismo, me implico con el narcotráfico y después acuso al Estado de cometer crímenes”. Y esta es la situación de la actual izquierda. Por ejemplo, el gobierno chavista es uno de los más vinculados con el narcotráfico.

¿Cuánto ha erogado Guatemala en resarcimientos?

Se han destinado casi tres mil millones de quetzales a los resarcimientos, en un proceso que puede denominarse “solo para este lado, no para el otro”.

Igual sucede con los juicios. Por ejemplo, el único ex guerrillero procesado es un militante de base implicado en la masacre de El Aguacate, aunque el ex comandante Santiago, en su libro Insurgentes, Guatemala, la paz arrancada, acepta que la ORPA reconoció su responsabilidad. En este caso no se consideró la jerarquía, mientras en los de los oficiales del Ejército, se enfatiza en juzgarlos por haber estado al mando.

Coronel, ¿en qué fase está la aprobación de las reformas y qué expectativas hay sobre esto?

Está en tercer debate y debiera pasar a discusión por artículos. Los que estuvimos involucrados en el enfrentamiento armado, lo que menos queremos es que haya otro. El espíritu de la reforma es la verdadera reconciliación. Queremos que se viva una verdadera paz. La objeción principal de ASOJURE es la captura de nuestros 18 compañeros.

La aprobación final de las reformas está siendo objeto de múltiples presiones, debido a que altos y poderosos intereses económicos y políticos se ven afectados. Específicamente ONG´s y organizaciones internacionales interesadas en aplicar la llamada “justicia transicional”.

Para finalizar, vale la pena recordar que Guatemala jamás ratificó el tratado internacional de imprescriptibilidad, en el cual se basa el artículo de la ley que pretendemos reformar. Guatemala sí ratificó la jurisdicción de la CIDH, pero a través de un acuerdo gubernativo. Es decir, esta jurisdicción no fue ratificada por el Congreso, como manda la ley.

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