La gremial AmCham emitió un comunicado en el cual expresa su preocupación por la evidente falta de certeza jurídica para las inversiones extranjeras. Esto, debido a que la Corte de Constitucionalidad (CC), suspendió temporalmente la licencia de explotación a la minera Fénix, que extrae níquel en Izabal.

Roxana Orantes Córdova

El fallo que dejó sin actividad a la minera San Rafael durante cerca de un año y causó efectos negativos evidentes en la economía nacional, parece repetirse con la reciente resolución de la CC que ordenó a la minera Fénix suspender sus actividades temporalmente.

Desde 2016, la minera es operada por la Compañía Guatemalteca del Níquel, según la licencia que obtuvo mediante la resolución 1208 de ese año, otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.

“La suspensión temporal de la licencia operativa no solo afecta a la mina, sino que también acarrea un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del país, ya que como Estado se está desincentivando y enviando un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de mover capital al país”, expresó Juan Pablo Carrasco Presidente de AmCham Guatemala.

Se acentúa falta de certeza jurídica

Según expresa el comunicado:

La resolución de la CC agrava la falta de certeza jurídica en Guatemala. La implicación de esto es la pérdida de empleos, disminución de ingresos para el Estado y las comunidades de El Estor, Izabal, señala el comunicado de Amcham, que solicita a la CC asumir su responsabilidad y fallar a favor del desarrollo económico del país.

Según Carrasco, “sin inversión no hay empleos, por lo que esta situación afecta a todo el país y la CC ha sido la principal responsable con resoluciones que contradicen dos décadas de jurisprudencia, de la baja de inversión extranjera en el país”, agregó Carrasco

La suspensión de operaciones durará hasta que haya una resolución definitiva en torno al amparo, para lo cual no hay plazo, mientras que 1,500 empleos directos y más de 5,000 indirectos están en riesgo.

El caso recuerda el de la minera San Rafael, donde los conflictos cesaron de inmediato cuando la empresa cambió de propietario y luego de un grave deterioro en la economía local que tuvo repercusiones en el PIB del país.

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