La investigación que el Ministerio Público (MP) hará de varios partidos políticos, con base en la denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no afectaría la participación de esas organizaciones en el proceso electoral. Sin embargo, sí puede tener una incidencia negativa en el prestigio ya deteriorado, tanto de los partidos como del ente electoral.

Roxana Orantes Córdova

La ex fiscal Thelma Aldana, que podría ser candidata presidencial de Semilla, apareció públicamente en la elección general de El Salvador, acompañada por José Carlos Marroquín, cuyo trabajo de lobby en EE.UU. (CGC).

La investigación de esta denuncia fue frenada por el amparo que le otorgó un juzgado civil a Aldana. Pese a que más de un jurista ha señalado que la medida es ilegal, todo pareciera apuntar a que la candidatura de Aldana está en marcha.

Esto, aunque existen muchos más señalamientos que podrían perjudicar la candidatura de la ex fiscal, como los mupis que en enero de 2017 inundaron el país con la imagen y el nombre de Aldana en gran formato, promocionando una APP para denunciar la violencia contra la niñez.

Esta campaña fue financiada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y lo que resulta llamativo en ella, es que se presentó meses antes de que Aldana abandonara el cargo frente al MP. Aunque en ese momento negó enfáticamente que tenía pretensiones de ser candidata, cabe suponer que el TSE considere esas imágenes como promoción de un funcionario con miras políticas y que esto afecte su intención.

Además, la ex fiscal tiene otras dos sombras: el uso vitalicio de vehículos, gasolina y guardaespaldas estatales, aprobado por ella, y la compra de un edificio que cabe llamar “fantasma”, puesto que tiene más de un año de permanecer desocupado, pese a que costó Q35 millones (muy por encima de lo que se estima debería costar).

Los elementos anteriores se mencionan para hacer notar que, además de los siete (u ocho) partidos investigados por el MP, cuyos símbolos son los fácilmente reconocibles, la figura “emergente” o representante de la “nueva política” que se propone a los guatemaltecos, también podría ser cuestionada.

El TSE reiteró su negativa a inscribir a Zury Ríos, candidata de VALOR, otra de las figuras reconocidas, si bien el partido que la postula no es de los más populares entre la ciudadanía.

Y finalmente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que si bien fue denunciada en 2017, logró resolver su situación, afirma Luis Ramírez, vocero del TSE.

“La UNE sabe jugar con las reglas del sistema”, agrega Edgar Ortiz, encargado del área Legal de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y añade:

“El panorama electoral se complica aún más con la proliferación de cuestionamientos y denuncias contra los partidos y candidatos que participarán, dicen analistas. Especialmente porque no hay muchos “outsiders” y Thelma Aldana no es la opción más idónea, a partir del recurso que interpuso para blindarse contra una posible investigación”.

“Otra mancha al tigre”

Edgar Ortiz, encargado del área legal en la Fundación Libertad y Desarrollo, expresa: “No es nada sorprendente. Ya se esperaba algo así. El TSE fue lento en interponer las denuncias porque tiene limitaciones. Entre estas, los partidos están obligados a llevar libros de contabilidad y presentárselos, pero no lo hacen, es complicado para esa entidad darle seguimiento a esa información”.

Según Ortiz, “lo grave es que la denuncia es contra varios de los partidos que van a participar. Es otro elemento en el proceso de desgaste de la clase política. Otra mancha al tigre, que complica el panorama electoral, en un contexto en el cual los partidos políticos y los entes encargados de los procesos electorales han perdido credibilidad, según indica el informe de Latinobarómetro 2018”, señala Ortiz.

Entre 2009 y 2010, instituciones como el Congreso, el Organismo Judicial y los partidos tenían mayores niveles de confianza que en 2018, indica Latinobarómetro. En toda la región latinoamericana, el promedio de confianza en el Congreso varió de 34% en 2014 a 21% en 2018.

En Guatemala el índice disminuyó a 17%, en tanto la confianza en los partidos políticos era de 24% en la región y en 2018 llegó al 13%. En Guatemala el índice de confianza en los partidos es del 11%, mientras la Iglesia goza del 71% y las fuerzas armadas tienen 33%.

“Los partidos políticos se encuentran en un momento especialmente negativo, similar al que tuvieron en los años que precedieron a la crisis asiática al final del milenio. El desencanto con la política ha llevado a la fragmentación de los partidos, la crisis de representación y la elección de líderes populistas”, señala el informe citado.

En este contexto, la investigación a partidos que pueden llamarse históricos porque han sobrevivido a más de una campaña, tendrán un evidente deterioro poco antes de que inicien las votaciones. A esto se suma que las nuevas modalidades de difusión implicarán varias limitaciones y la ciudadanía tendrá dificultades para reconocer a las organizaciones que participen en la contienda.

Los partidos denunciados y que serán investigados son el Partido de Avanzada Nacional (PAN); la Unión del Cambio Nacional (UCN); Todos; Encuentro por Guatemala (EG); Visión con Valores (VIVA), y la URNG-Maíz que compitió en 2015 en coalición con Winaq.

Ramírez dijo a Perspectiva: “por el momento son siete los partidos denunciados. Corresponderá a la Inspección General del TSE determinar si hay más organizaciones en esta situación, pero esta información es confidencial hasta el momento oportuno”.

Además de los mencionados, el oficialista  Frente de Convergencia Nacional (FCN), logró un amparo que permitió frenar el proceso de cancelación que se había iniciado en su contra.

El vocero del TSE añade que las organizaciones denunciadas tendrán que continuar con el proceso, como determina la ley vigente. “Si se determina el delito, la ley debe cumplirse. Se podría dar la cancelación como sucedió con Libertad Democrática Renovada (LIDER) y el Partido Patriota (PP)”, señala.

La principal implicación de la denuncia será, entonces, la posible disolución de esas organizaciones políticas, que en el próximo período de gobierno podrían tener representantes al Congreso sin partido, si es que se llegaran a disolver los mencionados. El significado es claro: el TSE juega con nuevas reglas y lograr implementarlas no será una tarea fácil, puesto que se trata de un cambio radical que busca fomentar una nueva forma de ejercicio político, en la cual la mayor parte de organizaciones que conocemos puede resultar afectada, sin que hayan surgido nuevas opciones.

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