El panorama del sistema carcelario en Guatemala sigue siendo uno de los más dramáticos en el mundo. Hacinamiento y situaciones que derivan de este, además de la casi nula rehabilitación que se logran, son dos realidades que en lugar de disminuir se incrementan. Sin embargo, podría intentarse mejorar esto tal como han hecho otros países, modernizando la infraestructura y la administración, señala la experta en el tema Corinne Deddick, del CIEN.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó su tema del mes, que en esta ocasión fue el sistema penitenciario Con el título Ampliación de la infraestructura penitenciaria, una prioridad, se presentó la actualización de las cifras, que develan lo dramático de la realidad en un sistema diseñado para la rehabilitación de los transgresores pero que hace décadas dejó de cumplir esta función.

En primer lugar, el hacinamiento es uno de los graves problemas que lejos de disminuir, se incrementa cada año. La falta de prisiones para cumplimiento de condena es el segundo aspecto que incide en el desorden y violencia de los penales, así como la escasez de medidas contra el hacinamiento en Guatemala, a diferencia de otros países centroamericanos que ya abordan el problema.

Guatemala, a la zaga en reforma penitenciaria

Entre los países centroamericanos, incluyendo a Panamá, Guatemala es el único que no ha realizado ninguna acción para terminar con el hacinamiento carcelario. Como contraste, El Salvador cuenta con la mayor cantidad de espacios penitenciarios de la región, además de tener control telemático, que contribuye sensiblemente a reducir el hacinamiento, mientras en Guatemala se sigue con la modalidad de mantener en prisión a un gran número de transgresores que podrían estar en prisión domiciliar con el control telemático.

Según el CIEN, en Guatemala existen 21 cárceles. De estas, cinco son para cumplimiento de condena y 16 para prisión preventiva. Esta infraestructura suma 6,812 espacios, que cubren la tercera parte de lo requerido.

“Existe un déficit de 18,640 espacios, de los cuales 9,970 son de cumplimiento de condena y 8,670 para prisión preventiva”, señala el comunicado de prensa del CIEN.

La falta de cárceles de alta seguridad es otro de los aspectos abordados por el instituto de investigación, que informa sobre la existencia de por lo menos 800 privados de libertad que debieran estar en cárceles de alta seguridad,

“Debido a sus condiciones de personalidad violenta, su inadaptación a la vida carcelaria que constituye un peligro para los otros reclusos y el personal, su poca voluntad para rehabilitarse porque siguen delinquiendo desde la cárcel o porque existe un peligro inminente de fuga”.

Infraestructura y administración, las recomendaciones

Las recomendaciones que realiza el CIEN para mejorar esta situación son:

  1. Realizar un plan de mediano y largo plazo para la infraestructura carcelaria, basado en criterios técnicos.
  2. Priorizar la construcción de infraestructura carcelaria para espacios de cumplimiento de condena, tomando en cuenta los departamentos con más déficit de espacio.
  3. Construir por lo menos una cárcel de alta seguridad para los perfiles que lo requieren.
  4. Cambiar la administración de los centros penitenciarios, incluyendo la carrera penitenciaria y un nuevo régimen interno con enfoque hacia la rehabilitación, para lograr que las cárceles nuevas se conviertan en espacios seguros, ordenados y debidamente supervisados.

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