Dos abogados: el asesor jurídico del Comité de Unidad Campesina (CUC), Sergio Beltetón, y José Recinos, de la Asociación Justicia y Reconciliación (Asojure), comentan sobre las facultades y alcances de la CIDH en Guatemala, cada uno de ellos desde una perspectiva diferente.

Roxana Orantes Córdova

Un intercambio en redes sociales generó reacciones de analistas y comentaristas a través de medios. El motivo: las opiniones fueron expresadas a través de la página de Twitter de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el presidente del Congreso, Álvaro Arzú.

Los dos pronunciamientos se publicaron el 21 de agosto, el de la CIDH y la respuesta de Arzú el 23. Textualmente señalan:

“Hoy al intentar aprobar la propuesta de ley de amnistía (5377), el Congreso cae en grave desobediencia de las medidas provisionales ordenadas por la CIDH el 12 de marzo de 2019. Exigimos a los diputados archivar en forma definitiva la iniciativa de ley 5377” (CIDH)

En tanto, el presidente del Congreso respondió:

“La CIDH  no le ordena ni exige nada al Congreso. Somos un organismo de Estado con facultades constitucionales para legislar libremente sin la interferencia de ninguna institución extranjera. Limitar los temas que discute el Congreso es censurar a una parte de la población”.

Por una parte, se encuentra la independencia del Organismo Legislativo para discutir las leyes y reformas que considere convenientes y por la otra, el antecedente de una medida provisional emitida en marzo por la CIDH como consecuencia de los casos Miembros de la Aldea de Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal y Molina Theissen.

En ambas situaciones, las medidas provisionales se otorgaron debido a que la CIDH consideró que las víctimas de estos casos quedarían en una situación de vulnerabilidad extrema, en caso de aprobarse la iniciativa de ley 5377. La CIDH también agrega que dicha iniciativa pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, la cual sería contraria a lo dispuesto en las sentencias de estos y otros casos contra militares retirados señalados por violaciones a los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno.

A lo anterior, la Asociación Justicia y Reconciliación, ASOJURE, argumenta que la actual Ley de Reconciliación Nacional fue manipulada por diputados izquierdistas. Originalmente, señalan, esta normativa concedía la amnistía a todos los delitos cometidos en el marco del enfrentamiento armado y a raíz de estos cambios se abrió la puerta para que los militares retirados fueran juzgados pero los ex comandantes guerrilleros (quienes sufrieron la derrota militar), no pudieran ser alcanzados por la justicia.

José Recinos, abogado de ASOJURE, añade que en los juicios contra militares se han transgredido seriamente los Acuerdos de Paz, donde se establecía que el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), no podría ser utilizado en juicios contra ninguna de las dos partes, como consta en la introducción de dicho informe, que pese a ello, es el puntal para las argumentaciones en los juicios contra los veteranos militares.

Las posiciones alrededor de un proyecto legislativo

Los legisladores que discuten las modificaciones a la normativa referida afirman que están en pleno derecho, más aún, que cumplen su función de legislar al discutir el tema. La iniciativa está en tercera lectura y para su aprobación y vigencia falta un largo tramo, en el proceso de aprobación de leyes. Puede ser que se apruebe o no, pero lo cierto, dicen Arzú y sus compañeros, es que ningún organismo internacional está facultado para ordenarle al Congreso sobre qué temas puede o no debatir.

Entretanto, el abogado Sergio Beltetón, asesor del Comité de Unidad Campesina (CUC), señala:

“La CIDH tiene competencia porque actúa como un juez multinacional. Guatemala suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, está obligada por esta convención a aceptar las resoluciones de la CIDH, instancia supranacional. Una vez escrito el convenio estamos obligados a acatar sus recomendaciones”.

Según Beltetón, la situación “no es como lo que dijo Arzú en torno a la soberanía. Guatemala tendría que salir de la CIDH, denunciando el Pacto de San José, pero sus resoluciones son vinculantes y con mayor razón en este caso, donde existe una medida provisional”.

En uno de los documentos sobre el tema, la CIDH recomienda:

“Requerir al Estado de Guatemala que, para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en el Considerando 50,  interrumpa el trámite legislativo de la iniciativa de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y la archive.”

Al respecto, José Recinos comenta:

“Definitivamente, la CIDH no tiene competencia para esto. Al Congreso le compete legislar y ningún otro organismo puede decirle lo que debe hacer. Tampoco puede dejar de conocer o conocer determinado tema porque no es de interés de un organismo internacional. Que un proyecto de ley afecte a la CIDH en sus causas no significa que el Congreso deba debatir según lo que ordene esa instancia”.

Según Recinos, la Corte de Constitucionalidad (CC), es la instancia que tiene competencia en Guatemala para calificar si una ley transgrede la Constitución, cuando esta ha sido aprobada.

“Para principiar, la CIDH no debe inmiscuirse en asuntos internos de Guatemala. Esta instancia ha desestimado analizar temas donde la ex guerrilla violó los derechos humanos, como un atentado con una mina Claymore, mientras resuelve continuamente casos que pueden calificarse como extemporáneos”, concluye.

Alcances y atribuciones de la CIDH, según su mandato

En su página, la CIDH informa que su función principal es “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas” y agrega que, su acción se basa en el artículo 106 de la Carta de la OEA, . De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA.

El mandato de la CIDH, según esa fuente, la faculta para ejercer las siguientes actividades:

  • Recibe e investiga peticiones individuales que señalen a estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), que hayan violado derechos humanos, independientemente si han ratificado o no la Convención Americana de Derechos Humanos.
  • Observa la situación de derechos humanos y publica informes especiales sobre la situación de los estados miembros en esa materia.
  • Visita los países para analizar la situación general o investigar casos específicos. Estas visitas generan informes.
  • Promueve conciencia pública sobre los derechos humanos en las américas. Para ello publica informes, recomienda medidas y analiza los efectos de los conflictos armados internos en diferentes sectores de la población.
  • Visitas, conferencias, seminarios y reuniones con representantes estatales y líderes de diferentes sectores para divulgar información y fomentar el conocimiento sobre la labor del sistema interamericano de derechos humanos.
  • Recomienda a los estados miembros de la OEA adoptar medidas para proteger los derechos humanos en el continente.
  • Solicita a los estados la adopción de medidas cautelares y provisionales “en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya sido presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  • Presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los casos.
  • Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Convención Americana.
  • Recibe y examina comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana, de conformidad con el Artículo 45 de dicho instrumento.

 

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