Cuatro jueces se reunieron con el presidente del Organismo Judicial (OJ), Néster Vásquez, para pedirle la destitución del director de seguridad del OJ, Roberto Motta Bonilla, argumentando que se sienten vulnerables y desprotegidos con la gestión del funcionario. El vocero del OJ y tres abogados expresaron a Perspectiva sus puntos de vista sobre el tema.

Roxana Orantes Córdova

Los Tribunales de Mayor Riesgo se crearon en 2009, a instancias de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para ofrecer más medidas de seguridad a los jueces, fiscales y testigos. Probablemente, los expertos de Naciones Unidas que mencionaron a los “jueces colaboradores de la CICIG” se estaban refiriendo a los titulares de esas instancias.

En el país hay poco menos de 500 jueces penales. Sin embargo, las denuncias de amenazas que trascienden al público siempre son realizadas por los jueces de Mayor Riesgo, conocidos también como “jueces de alto impacto”.

Este es el caso de los juristas que se presentaron ante el presidente del OJ para pedir la destitución del jefe de seguridad: Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano y Haroldo Velásquez, quien preside la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, cuya sede no aparece registrada en ningún directorio, si bien tiene presencia en las dos principales redes sociales y está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación.

Además de los referidos jueces, los dos sindicatos del OJ demandan la destitución de Roberto Motta Bonilla. Dos argumentos sostienen esta petición:

  1. La presunta cercanía de Motta con el mandatario Jimmy Morales y en consecuencia, lo que consideran una intromisión del Ejecutivo en la aplicación de la justicia y
  2. El nuevo jefe de seguridad estaría montando una estructura de inteligencia para vigilar a los jueces y magistrados, quienes han declarado reiteradamente a los medios que se sienten inseguros y temerosos.

“Esas denuncias se refieren a amenazas inventadas. Es una característica de la izquierda invocar temores y amenazas para cubrirse con la impunidad”, afirmó el constitucionalista José Luis González Dubón, quien agregó: “estos jueces afirmaron que se sienten amenazados. Sentir es algo subjetivo, que no señala un hecho concreto. Una denuncia no puede basarse en sentimientos o percepciones”.

Según comentó González Dubón, la solicitud de destituir al director de seguridad es obra de los “jueces de la CICIG”, molestos porque Motta “no está alineado” y seguramente, no se prestará a ninguna de las irregularidades que caracterizan a esos jueces.

Mario Siekavizza, vocero del OJ, dijo a Perspectiva que la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad manifestó su preocupación por requerimientos de seguridad que no se han cumplido, sobre todo en cuanto a requerimientos especiales de transporte realizados por los jueces.

Por otra parte, en todas las instituciones existen personas y grupos reticentes a los cambios, y el doctor Motta está impulsando un plan de seguridad que modifica varios procesos que ya estaban instalados en el OJ.

“Le compete a la dirección de seguridad otorgar los vehículos a los jueces. Esta distribución se realiza según el análisis resultante del estudio que hace el director de seguridad. Y algunos jueces son bastante quisquillosos en cuanto al tipo de vehículo que se les asigna. Aducen que debe ser blindado o de determinadas características”, expresó.

“El OJ realizará una auditoría interna y se respetará el derecho de defensa del doctor Motta”, concluyó.

¿El costo de “ordenar la casa”?

Una versión diametralmente opuesta a la que sustenta la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad , apunta a que Roberto Motta está siendo presionado porque entró al OJ con toda la intención de reorganizar diversos procesos deficientes que se han instalado durante años. Por ejemplo, la falta de profesionalismo de los agentes.

Rolando Alvarado, penalista y abogado de la familia Bitkov, dijo a Perspectiva:

“El encargado de seguridad fue nombrado con base en un procedimiento legal de oposición donde fue declarado como idóneo, no solo por obtener las mejores notas sino por su capacidad o especialización en materia de seguridad.

La petición de cuatro jueces del Organismo Judicial para removerlo del cargo se basa en “presunciones” que entrañan “discriminación laboral”.

El presidente del OJ debe ponderar entre dar cumplimiento al procedimiento legal de oposición o dar cumplimiento a los dichos o presunciones de cuatro jueces que se sienten afectados en sus intereses personales y políticos.

En todo caso, si no se quiere basar en los procedimientos que establece la ley para nombrar y remover funcionarios y empleados, por lo menos tendríamos que preguntarle a la mayoría de jueces para tener mayor parámetro de certeza en la decisión a tomar.

Se le cuestiona al nuevo encargado de seguridad el hecho de tener vehículo asignado, pero no se cuestiona el hecho de que la licenciada Claudia Escobar, quien ya no es juez y reside en el extranjero, tenga derecho a vehículo y seguridad (utilizados por sus familiares), sin ningún fundamento”, dijo Alvarado.

Doctor en Seguridad Estratégica, Roberto Motta Bonilla parece tener el perfil idóneo para encargarse de la seguridad en un ente como el OJ, señaló el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila, quien creó y dirigió el programa de doctorado.

Mejía ha interpuesto recursos de amparo que lo distancian del oficialismo, como su acción contra el traslado de la embajada guatemalteca en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y la finalización unilateral del contrato con la CICIG.

En cuanto a la supuesta cercanía con el mandatario, Mejía aseguró: “me consta que fue destituido de su cargo como subsecretario administrativo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica porque se negó a firmar la adquisición de un software sobrevalorado. No creo que tenga vínculos con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), tampoco con la Presidencia”.

Las amenazas contra los jueces podrían estar magnificadas, señaló Mejía, quien recordó que el juez Miguel Ángel Gálvez goza de medidas cautelares. ”Me consta que ciertos jueces pretenden tener a los agentes de seguridad como sus mandaderos. He visto cómo suelen mandarlos a buscar a sus niños a colegios, comprar diversos productos y literalmente, hacerles mandados”, dijo.

“Motta es exigente. Para trabajar necesita agentes profesionales. Considero que es un funcionario de experiencia y como persona, lo califico como pulcro en su apariencia y cortés con todas las personas”, concluyó Mejía.

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