Miembros de agrupaciones ciudadanas y empresariales ofrecieron una conferencia de prensa sobre varios fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que, según dicen, contienen varias extralimitaciones y en algunos casos, el delito de prevaricato que podría llevar al retiro de la inmunidad a tres de los cinco magistrados titulares. El 15 de enero, el Congreso recibió el expediente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Roxana Orantes Córdova

Militares retirados, ganaderos, abogados, académicos, padres de familia y guatemaltecos de diversas organizaciones, se pronunciaron hoy en torno a varios fallos de la CC que califican como lesivos al Estado de Derecho.

Entre los grupos que organizaron el evento están la Liga Pro Patria, Asociación de Amigos del País, Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, Mujeres Conservadoras de Guatemala, Padres por Justicia, Reformas No y otras.

CICIG Nunca más, fue el lema que convocó a los asistentes. Los expositores fueron los abogados Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo; Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal y José Pineda. Además, la diputada María Eugenia Tabush, de Visión con Valores (VIVA) y la columnista Betty Marroquín.

Señalamientos contra magistrados

Raúl Falla expresó que los tres magistrados de la CC que ampararon al embajador sueco Anders Kompass han fallado más de una vez de forma que transgreden las normativas establecidas.

Por ejemplo, recordó el amparo a Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina (CUC), acusado de difamación por el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.

Entre quienes se han beneficiado con estos amparos están la ex ministra de Gobernación Marlene Blanco Lapola, señalada de liderar una estructura de sicarios en la Policía Nacional Civil (PNC).

“Existe un nexo entre Gloria Porras y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y con grupos de la llamada sociedad civil. Boanerge Mejía fue señalado por la ex secretaria de Alejandro Sinibaldi de recibir sobornos de este, y Francisco de Mata Vela fue señalado por estudiantes de la Universidad de San Carlos por el plagio de un libro sobre Derecho Penal a dos autores españoles. Estos son los tres magistrados a quienes la Asociación de Dignatarios de la Nación señaló por prevaricato ante la CSJ”, dijo Falla.

Ante reiteradas acciones que atentan contra la soberanía consignada en la Constitución Política de la República, “guatemaltecos que conforman la verdadera sociedad civil luchan porque se garantice el respeto a la Carta Magna, que establece claramente el marco de atribuciones de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, expresó.

Según recordó, en 2017 un fallo de la CC favorable al recurso interpuesto por la Fundación Myrna Mack, suspendió la elección de Silvia Valdés Quezada, quien había sido electa por los magistrados de la CSJ. En un caso similar, el amparo de Acción Ciudadana logró defenestrar a Conrado Reyes, quien había sido designado Fiscal General. Asimismo, varios gobernadores departamentales, nombrados por el mandatario como manda la ley, fueron depuestos, con el argumento de que no habían sido aprobados por la “sociedad civil”, agregó Fratti.

Cada uno de estos casos fue de clara injerencia en los tres poderes del Estado. “Si la CC está por encima de estos, como dijo la congresista estadounidense Norma Torres, entonces será mejor que los guatemaltecos no elijamos en las urnas. Que nos gobierne la CC. Que legisle, ejecute y juzgue los delitos”, concluyó Falla.

“Se está mintiendo a la opinión pública”

El abogado y columnista Giovanni Fratti realizó un llamado a los medios para que la información sobre estos temas sea trasladada al público de manera veraz. “Se está mintiendo a la opinión pública cuando se afirma que los magistrados de la CC no pueden ser despojados de su inmunidad por emitir una opinión. Un amparo no es una opinión, es una acción en la que puede cometerse el delito de prevaricato, como sucede en el caso actual, donde la Asociación de Dignatarios de la Nación denunció a tres magistrados por el amparo otorgado al embajador sueco Anders Kompass”.

Kompass fue declarado non grato por el mandatario Jimmy Morales, pero la CC lo amparó de forma ilegal. “La CC no puede amparar a extranjeros”, enfatizó Fratti, quien añadió que la PDH y la CC son órganos de control, los cuales no pueden suplantar a ninguno de los tres poderes del Estado.

Los fallos más polémicos de la CC fueron enumerados por Fratti: resolución que anuló el nombramiento de gobernadores departamentales; resolución que obligó a repetir la elección del presidente de la CSJ; amparo que dejó sin efecto la declaración de non grato a Iván Velásquez; corrigió una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores que pedía a la CICIG respetar la Constitución y anuló las reformas al Código Penal antes de que llegaran al Ejecutivo.

En este último caso, Fratti enfatizó: “todos estábamos en contra de las reformas al Código Penal. Pero se anularon en el camino, cuando según la ley, esto debió hacerse luego de publicado en el diario oficial o a través del veto del mandatario. El amparo de la CC impidió que el Presidente decidiera este tema”.

Además, mencionó que debido a los retardos en las resoluciones sobre las minas El Tambor y La Puya, el Estado de Guatemala tiene una demanda por US$2000 millones, en una instancia del DR CAFTA. Junto a lo anterior, las acciones de la minera San Rafael cayeron estrepitosamente y 1,800 personas fueron despedidas de sus empleos, debido al retardo de más de un año en el fallo y esto podría motivar otra demanda similar contra el Estado, comentó.

“Hoy el Congreso recibió el expediente de la CSJ y deberá conformar la comisión pesquisidora que investigará a los magistrados. Esperamos que los diputados dictaminen a favor de que se les revoquen las prerrogativas que tienen y también esperamos que el Tribunal Supremo Electoral actúe de forma imparcial y garantice un proceso libre y democrático”, concluyó.

“Los magistrados de la CC no son superiores a la ley”

Esto dijo el abogado José Pineda, quien afirmó que los magistrados deben velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República y recordó que no son superiores a la ley.

“El prevaricato es claro. Debieron rechazar una solicitud que no estaba de acuerdo con la ley, a favor de la justicia y no de banderas políticas”, afirmó.

El Acuerdo Gubernativo 2-2019 pone fin al mandato de la CICIG. Fue publicado en el Diario Oficial y es coherente con el artículo 183 de la Constitución Política de la República, dijo Pineda, quien también pidió a los medios informar sobre todas las aristas de la situación, para que los ciudadanos puedan formarse una opinión imparcial.

“Este es el inicio del intento por recuperar la soberanía de Guatemala. Instituciones como la PGN y la CSJ deben iniciar acciones para investigar a personajes vinculados con hechos de corrupción que han debilitado al país”. Entre estos, mencionó al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien habría firmado un convenio ilegal en Brasil, para que se condonara la deuda de Guatemala con una empresa. Además, la ex fiscal Thelma Aldana, por la compra del edificio sobrevalorado y a los jueces Miguel Ángel Gálvez, Erica Aifán, Jassmin Barrios y Xitumul, quienes juzgaron a los veteranos del Ejército”.

“Ahora comienza la lucha contra la corrupción“

Quienes piden la continuidad de la CICIG y aseguran que sin esta no hay respeto a la constitución, son los mismos que han sangrado al país a punta de resarcimientos y juicios espurios, dijo Betty Marroquín.

“Desde que se firmó la paz, han vendido la imagen de Guatemala como una cueva de trogloditas. El lobby de las ONG´s encabezadas por Helen Mack, fue continuo, hasta el juicio Bitkov, cuando se comenzó a caer la careta”, expresó.

“Ahora es cuando empieza la lucha contra la corrupción. Comienzan a salir los esqueletos en el closet de supuestos luchadores contra la corrupción. Deben ser investigados los nexos que tienen personajes como Jordán Rodas, Boanerges Mejía, Manfredo Marroquín”, afirmó.

Según dijo, la UNE es el principal defensor de la CICIG, Thelma Aldana e Iván Velásquez, y agregó: “si piensan que en el interior la gente no sabe, están equivocados. Cada vez son más los guatemaltecos que se enteran de la corrupción que han hecho alegando combatir la corrupción”, finalizó.

Mientras se realizaba este foro, la PDH dio a conocer que la CC admitió para su trámite el recurso de amparo solicitado por el Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. La CSJ tiene 48 horas para enviar a la CC los antecedentes del caso, a fin de que se resuelva si el amparo procede o no.

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