Nuevamente, fallos de la Corte de Constitucionalidad (CC), originan una situación que confronta a la sociedad mientras pone a los magistrados en entredicho.  El constitucionalista José Luis González Dubón explica algunos elementos de esta situación, mientras Manfredo Marroquín, quien interpuso uno de los amparos ante la CC, comenta que esta ha debido adoptar decisiones políticas ante el vacío de los partidos que no cumplen su función.

Roxana Orantes Córdova

Muchos de los fallos emitidos por la CC motivan desde protestas públicas hasta la acción penal interpuesta por el Congreso, pasando por la conferencia de prensa donde los magistrados “enmendaron la plana” al amparo contra la negociación bilateral sobre migrantes entre EE.UU. y Guatemala.

Hoy, la Junta Directiva del Congreso de la República presentó ante los tribunales de justicia una querella contra los magistrados de la CC Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, quienes “el 19 de julio otorgaron un amparo para que el Organismo Legislativo suspenda el procedimiento de formación, sanción y promulgación de ley que corresponde a la iniciativa 5337” (Ley de Reconciliación Nacional).

Según el comunicado de prensa del Congreso, el amparo de la CC es

“contrario a la doctrina legal asentada por esa misma corte en múltiples ocasiones anteriores”. Como ejemplo, citan la sentencia de marzo 2018, donde la CC estableció que la actividad legislativa de conocer y discutir un proyecto no constituye amenaza.

Con estos y otros argumentos, la Junta Directiva sustentó su querella y señala a la CC de varios delitos: abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y usurpación de funciones. Por ello, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), iniciar los trámites pertinentes para solicitar el retiro del antejuicio a los tres magistrados.

También hoy, los magistrados se presentaron en conferencia ante los medios. Según afirmaron, existe confusión sobre la función de la CC, que consiste en la defensa del orden jurídico, lo cual los faculta para conocer acciones de amparo contra el Congreso, la CSJ, el Presidente y el Vicepresidente.

El pronunciamiento público de la CC parece ser una respuesta ante las declaraciones de Jimmy Morales, quien responsabilizó a esa corte por el amparo sobre el acuerdo bilateral entre EE.UU. y Guatemala, debido a la respuesta del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció en sus redes que gravaría las remesas de guatemaltecos, como respuesta al retroceso en el acuerdo.

Los magistrados insistieron en que el amparo que otorgaron no intentaba frenar la negociación sino únicamente establecer el procedimiento para ello. Además, señalaron, “no podemos asumir responsabilidad por acciones de funcionarios públicos”, en alusión al retroceso del gobierno en la concreción del acuerdo.

El tercer elemento que convierte a la CC en protagonista de varias situaciones complicadas, es el fallo que suspendió las actividades de la minera Fenix, que opera desde hace unos 60 años en el país.

Por el momento, grupos de trabajadores de la mina han expresado su malestar e iniciado protestas. Los tres hechos se derivan de fallos o decisiones de una CC que, desde una perspectiva es un grupo politizado y sesgado a favor de intereses izquierdistas, mientras otros consideran el garante de los derechos constitucionales y el suplente de los partidos en su olvidada función de mediadores con la sociedad civil.

La CC, desde dos perspectivas diferentes

Manfredo Marroquín, quien interpuso un amparo contra el “acuerdo de tercer país seguro”, la CC ha adquirido un gran protagonismo y cada vez es más política, debido a que los políticos no hacen su trabajo.

Como ejemplo, Marroquín afirma: “hace más de dos años, la CC ordenó al Congreso sacar el reglamento sobre el Convenio 169. Nunca lo ha hecho. Entonces, cualquier comunidad que se sienta afectada por la acción de una industria extractiva podrá protestar y la CC seguramente tendrá la protección de la CC”.

Sobre el acuerdo llamado “tercer país seguro”, señala en sus redes: “una política exterior para ser tal tiene que basarse en intereses nacionales y no personales como ustedes lo hacen. Por eso ocultan lo que debería ser público”.

Otra posición favorable a la CC, se evidencia en la cuenta de Twitter de Justicia Ya, donde se lee: “Jimmy, Jovel, Degenhart, el #PactoDeCorruptos en el Congreso y sus financistas en el Cacif buscan aprovechar el momento para bajarse a una CC que no se ha plegado a sus intereses particulares y se ha apegado a la ley. Esto es grave para el país. ¡No podemos permitirlo!”.

El constitucionalista José Luis González Dubón, expresa su descontento con las acciones de una corte que, según afirma, está capturada por un grupo de tres activistas de izquierda, quienes han cometido diversas transgresiones contra la Constitución que debieran resguardar y que además, han tenido injerencia en asuntos que competen a otros organismos.

En relación con la suspensión de la mina Fénix, expresa que funciona desde los años cincuenta. No tiene sentido que ahora paren sus labores. No hay ninguna norma en ningún lugar que autorice a una corte a impedir el funcionamiento de una empresa. Lo que procedería, es nombrar un director mientras se dirime el conflicto, señala.

 

Según González Dubón: “evidentemente, se trata de decisiones políticas. No tenemos magistrados sino activistas políticos que fueron nombrados como magistrados pero no ejercen como tales. Las funciones del Presidente están determinadas en la Constitución Política de la República, los magistrados de la CC no tienen potestad sobre estas”, dice refiriéndose al tema del acuerdo.

“Su conducta tipifica delitos, al violar diversos aspectos de la Constitución, pero además, al asumir competencias asignadas constitucionalmente al Ejecutivo y el Congreso”.

Además, añade que los acuerdos bilaterales entre dos países corresponden a asuntos diplomáticos, por lo que no se realizan en público sino en privado y mantienen secretividad hasta estar concluidos.

“No amerita mayor análisis percibir que estos magistrados están actuando como delincuentes. Es demasiado evidente. Existe una pérdida de institucionalidad. El Ejecutivo y el Congreso permitieron que se limitaran sus funciones. Esto inició con el Departamento de Estado de Barack Obama, quien incluso le nombró ministros de gabinete al mandatario actual. Se apoderaron de las cortes, del Ministerio Público y además, nombraron un Procurador de los Derechos Humanos abiertamente izquierdista. Y finalmente, cuentan con el aval de la bancada de la UNE en el Congreso”, señala.

Sin embargo, agrega que es de esperarse que a estos magistrados se les retire el derecho de antejuicio, aunque también es probable que vuelvan a “autoampararse”, como ya sucedió anteriormente, concluye.

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