Rodeado por sus familiares y amigos que acuden a visitarlo en cada horario de visita, el ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, concedió unos minutos a Perspectiva, para aclarar varios aspectos del proceso judicial que enfrenta por acusación de torturas, que según dice, no es más que la repetición de un proceso ya juzgado por el tribunal de España en 2017.

Como miembro del gabinete de gobierno durante la gestión de Oscar Berger, Vielmann fue uno de los funcionarios que apoyó y promovió la instalación de una comisión para investigar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en Guatemala, actualmente conocida como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que según menciona el ex funcionario, lejos de desmantelar aparatos clandestinos de seguridad, se ha convertido en uno de estos. “Es una policía política”, señala y agrega que acudirá a las instancias necesarias y luchará hasta que se haga justicia.

Roxana Orantes Córdova

¿Por qué se afirma que usted está siendo juzgado dos veces por el mismo delito?

Claramente, en España resulté absuelto de la acusación que hacían la FECI-Cicig, de ordenar la creación de una estructura clandestina que habría operado en el Ministerio de Gobernación. Durante los siete años que duró ese proceso se demostró fehacientemente que esa estructura nunca existió. El caso es cosa juzgada en España.

Entre las acusaciones que llevaron a España estaba la de crímenes de lesa humanidad y la tortura, de la que se me está acusando, es un crimen de lesa humanidad.

¿Considera que la Cicig se ha extralimitado en sus funciones?

La Cicig fue creada para apoyar ciertas investigaciones en Guatemala y ser querellante adhesivo en algunos casos, pero su mandato no incluye presentar demandas fuera del país, tal como hicieron en España. Puso una demanda fuera de su mandato.

¿Qué efectos ha tenido la presencia de esa comisión en las investigaciones y la aplicación de justicia en Guatemala?

Cuando se ven los resultados de su presencia en el país podemos mencionar varios fracasos. En primer lugar, hace 11 años, el nivel de impunidad en el país era del 94 por ciento. Esto sigue igual. Los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad siguen insertados en el Estado, no han logrado desmantelar uno solo de ellos. La prueba es la infiltración de estructuras criminales como la Mara Salvatrucha en instituciones, tal como se evidenció con el caso de un coronel que lavaba dinero para esa organización criminal. Este sería el segundo fracaso.

En cuanto a la transferencia de capacidades investigativas a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), tampoco se registran avances. Por el contrario, la FECI trabaja de una forma espuria, puede considerarse una policía política. Este sería un tercer fracaso.

El cuarto fracaso de la Cicig es que la mora judicial ha subido, al igual que el número de presos en prisión preventiva. Hay casos de personas que ya cumplieron en prisión preventiva mucho más tiempo del que hubieran estado en condena y siguen sin ser juzgados.

Además, como ya comenté, han actuado fuera de su mandato, al interponer una denuncia en España, lo que extralimita sus funciones. Acuden a los allanamientos, están presentes en las capturas, cometen una serie de irregularidades que trascienden sus competencias como querellantes adhesivos. Este sería un quinto fracaso.

Han manejado los casos de forma mediática, violentando el derecho a la presunción de inocencia. Me pregunto qué dirían los contribuyentes de los países que financian a la Cicig si supieran que su dinero se está usando para favorecer a testigos dudosos y montar circos mediáticos. Kelly ya les llamó la atención por esto.

Hay muchos más pero me limitaré a mencionar que sustentan más del 90 por ciento de sus acusaciones con declaraciones de colabores eficaces o testigos referenciales, es casi nulo el aporte de pruebas científicas. Son demasiados los fracasos de esa entidad, creada para combatir a los Ciacs y que terminó por convertirse en uno de ellos.

¿Cuál es su actitud ante lo que está sucediendo?

Voy a usar todos los recursos legales posibles. Iván Velásquez goza de inmunidad en Guatemala, pero no en el exterior. Y los fiscales de la FECI tienen 20 años de responsabilidad para dar cuenta de sus actos. Todas las irregularidades del proceso se denunciarán ante la ONU y acudiré a todas las instancias necesarias. También es preciso mencionar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), ha estado ausente del tema, aunque es evidente que la Cicig violó mis derechos humanos. Es una Ciacs. Se convirtieron en lo que ellos tenían que investigar.

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