El informe de la CICIG titulado Bot, netcenter y combate a la impunidad se convirtió en un arma de dos filos para la referida comisión, que entre los señalados de “bot o netcenter”, menciona a los abogados de la familia Bitkov, quienes llevaron a esa entidad ante la Comisión Helsinki, lo que inició el final del mandato de la CICIG en Guatemala. Ante esta acusación, Rolando Alvarado y Victoria Sandoval presentaron un recurso de amparo contra la CICIG ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Al mismo tiempo, se multiplican las reacciones adversas contra el polémico informe.

Roxana Orantes Córdova

El 15 de noviembre de 2018, los abogados de la familia Bitkov recibieron el premio Serguei Magnitsky de derechos humanos. En su cuenta de Twitter, Sandoval señala:

“El temor a que la verdad sobre su gran corrupción se haga pública, hace que la CICIG viole derechos humanos fundamentales, como la libre expresión del pensamiento, que es mundialmente reconocido”.

Sandoval comenta que de forma similar a la del gobierno ruso, la CICIG ataca a los abogados llevada por la desesperación. “Nos ataca diciendo que Rolando Alvarado y yo somos netCenter por haber declarado junto a Bill Browder sus actos de corrupción contra los Bitkov ante la Comisión Helsinky”.

Otro de los mensajes publicados en Twitter sobre la acusación contra los dos abogados y sus clientes indica: En su legítimo derecho de defensa y haciendo uso del derecho a la libre emisión del pensamiento la defensa de #LosBitkov hizo pública cada desfachatez cometida en su persecución patrocinada por el gobierno ruso, hoy la herida causada a CICIG sigue abierta”.

 “Un torpe ejercicio de agresión”

Entre los señalados como “net center” por el informe está el abogado y columnista Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, grupo ciudadano tuvo un papel protagónico en la protesta contra el convenio de cooperación que firmaron la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral.

La reacción de Fratti ante la acusación, fue buscar en Twitter Audit y descubrir que más del 91% de sus seguidores son reales, mientras la CICIG tiene más de un 56% de seguidores que son cuentas falsas, según el instrumento mencionado.

Asimismo, fue mencionado como “ Hater 1” el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), Ricardo Méndez Ruiz, quien dijo a Perspectiva:

“En cuanto al informe de CICIG Bot, netcenter y combate a la impunidad, presentado recientemente, lo veo como un torpe ejercicio de agresión contra la libertad de expresión que muestra la intolerancia de Iván Velásquez, quien siempre cometió el grave error de calificar como corruptos a quienes lo criticamos. La actitud típica de un dictadorzuelo.

El informe constituye una serie de calumnias con las que Velásquez trata de justificar su fracaso. Si alguien es responsable de emitir un discurso de odio, es él”.

Aunque los adeptos de la CICIG aplaudieron el informe, es un hecho que su divulgación tuvo más efectos negativos que positivos para la comisión. Uno de tantos ciudadanos que opinan en Twitter, señala: “La CICIG pasó de investigar Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad a stalkear perfiles de Twitter”.

Cuando opinar se convierte en un delito

Otro “tuitero” expresa: “Quien transmitió mensajes de odio (Haters) fue #CICIG. Su informe de Bots y Netcenters contiene muchas ilegalidades. Su finalidad es el seguimiento, localización y censura de opositores”.

Al leer el documento, es evidente que la CICIG busca por cualquier medio eliminar las críticas negativas en su contra. Citando al informe:

“Un ejemplo de ello es cuando una persona, sin conocimiento previo de un tema o en el extranjero, busca a través de las redes sociales un tema específico y los primeros resultados que encuentra son de estas personas y de su netcenter…al escribir CICIG en un buscador como Google o el buscador de Twitter, se presentan contenidos destacados que están vinculados a la campaña negativa”.

El párrafo anterior, parece dar la razón a Alvarado cuando afirma: “Twitter fue fundamental para mostrar al mundo la verdadera cara de CICIG, cuyo principal temor siempre ha sido que la comunidad internacional vea lo que realmente es”.

Otro aspecto evidente en el informe es la censura a la libre expresión. Según se indica en la introducción:

“La CICIG acepta todas las críticas que, en el marco del respeto y fundamentadas técnicamente, se puedan dar en torno a su labor. Al mismo tiempo promueve la libertad de expresión como un componente fundamental de la consolidación de la democracia en Guatemala, tal como lo señala en sus Principios de Comunicación Pública. Sin embargo, la utilización de redes sociales para perseguir a defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas, que constata este informe, busca deslegitimar los avances en la lucha contra la impunidad”.

La libertad de expresión se ejerce “por cualesquiera medios de difusión y sin censura ni licencia previa”, señala la Constitución guatemalteca. Pese a ello, la CICIG pretende promover que se regule la expresión en las redes, con el argumento expresado por Iván Velásquez, quien dijo a diferentes medios “que las estructuras criminales han evolucionado y buscan desinformar y desprestigiar en redes sociales los avances que la lucha contra la corrupción e impunidad han logrado en Guatemala”.

El maniqueísmo del informe es más que evidente cuando afirma que existen tweets “vinculados a la lucha contra la corrupción” y otros de quienes “están a favor de esta”. El único indicio que tiene el ente experto en investigación criminal para acusar de “pro corrupción” a ciudadanos que expresan sus opiniones en la red, es que estos ciudadanos están contra temas que la CICIG trató de “levantar” en sus 12 años de permanencia en el país, como los juicios contra militares o la labor contra la corrupción de Thelma Aldana.

El informe no aporta ninguna prueba ni dato concreto sobre la vinculación de estos ciudadanos con estructuras criminales. Se limita a satanizar cualquier chiste, meme, chisme o crítica emitido por quienes evidenciaron las arbitrariedades judiciales y la persecución política que realizó esa entidad. Por ejemplo, en el caso de los Bitkov.

Uno de los datos curiosos al revisar el informe es que menciona con alarma el crecimiento de lo que llama “influencers negativos” (críticos de la CICIG y sus aliados). El texto indica que en febrero de 2019 había 21,474 “seguidores de los influencers negativos” mientras habría 803.063 influencers que “apoyan la tarea del combate a la corrupción”

Finalmente, uno de los argumentos que la CICIG presenta como irrebatibles para demostrar que quienes la han criticado son miembros de net center o simplemente “bots”, es que los críticos de esa entidad suelen seguirse mutuamente. Una definición muy básica sobre el concepto de “red social” señala:

“Es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones. Entre estas, intereses y creencias comunes”. Es decir, lo extraño no es que personas afines ideológicamente se sigan e interactúen entre ellas.

Lo irregular en este caso es el posicionamiento geográfico y la investigación de cuentas personales de ciudadanos identificados con sus nombres, por una comisión que llegó al país hace más de una década para desarticular “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad” y terminó ejerciendo un papel de censor en las redes.

 Un amparo para resguardar la intimidad y la dignidad del individuo

El equipo legal de la familia Bitkov emitió un comunicado en el que califica como espurio el informe de la CICIG, que habría catalogado a las cuentas de Twitter de los abogados y sus clientes como “netcenter”.

En el recurso de amparo presentado ante la CC por Alvarado y Sandoval, se menciona: “La personalidad  humana, desde la óptica jurídica, incluye los derechos relacionados con la intimidad y dignidad de la persona individual. Así tenemos, por ejemplo, el Derecho a la Intimidad, Derecho al Honor, Derecho a la Dignidad, Derecho a la Integridad Moral, Derecho a la Libre Emisión del Pensamiento, entre otros”.

Cualquier lesión a estos derechos, señala el recurso, “entraña una reparación civil, configurándose previamente la determinación o existencia del daño moral, y también implica, en caso de cometerse un delito que implique calumnia, injuria o difamación, a que la víctima accione debidamente según el ordenamiento jurídico vigente “.

Alvarado y Sandoval consideran que la violación a sus derechos fue un acto de intimidación y represalia, como respuesta ante las declaraciones testimoniales que prestaron ante la Comisión Helsinki del Senado estadounidense, en un proceso penal internacional que continúa vigente.

Además, exponen que

“A través de sus cuentas de twitter han externado su opinión con relación a los abusos cometidos por dicha comisión y que han lesionado el Estado de Derecho en Guatemala”.

Finalmente, exponen que el tribunal constitucional es de carácter urgente y debido a que se lesionaron los derechos humanos de los postulantes, la CC “tiene deber de tutelar los derechos a la autodeterminación informativa, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a la intimidad, habeas data, seguridad y defensa, entre otros derechos constitucionales”.

Considerando la respuesta de muchos de los afectados por el informe, es evidente que los efectos del informe sobre bots y netcenters no fueron los más halagüeños para una comisión internacional que tiene los días contados hasta septiembre y que hasta el momento, no ha informado a la ciudadanía sobre el procedimiento que está realizando para terminar de transferir sus capacidades a las instituciones guatemaltecas que apoyó durante más de una década.

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