El diputado Fernando Linares Beltranena expresó en conferencia de prensa que existen los elementos suficientes como para que la Policía Nacional Civil (PNC), capture y ponga a disposición de la justicia a tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y Bonerges Mejía. Por otra parte, el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), Stuardo Ralón, explicó que si bien no tiene una opinión sobre la solicitud del diputado, “llama la atención que la misma CC había resuelto sobre el mismo tema en forma distinta”.

Roxana Orantes Córdova

“Esperamos que estos jueces que están cometiendo delito flagrante, sean capturados y consignados”, dijo Linares Beltranena en la conferencia de prensa en la cual dio a conocer la carta donde le solicita la captura de tres magistrados de la CC al director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisario Carlos Roberto Tohom Escobar.

En la misiva se expone que el 19 de julio de 2019, “los diputados fueron informados sobre la suspensión provisional de continuar con el procedimiento de formación de ley específica 5337, Ley de Reconciliación Nacional”.

La carta califica la suspensión como absurda y explica:

“Todavía es posible que los magistrados derogaran una ley aprobada, perro en esta fase aún faltan: 1. La tercera lectura; 2. La revisión y lectura por artículos;  3. La aprobación final; 4. La sanción por el Presidente y 5. La publicación. En cualesquiera de estas fases, es posible que el proyecto de ley se perdiera o sufriere trascendentes cambios. Con esta suspensión, nos prohíben discutir y aprobar la ley, lo que riñe con la Constitución. Igualmente absurdo sería si nosotros, los diputados les prohibiéramos resolver a los magistrados, cuando esa es su función”.

En la conferencia de prensa, Linares señaló: “Aparentemente, ellos no saben que en tercera lectura se podría haber perdido, razón por la cual ya no sería un proyecto de ley, se le hacen sustanciales modificaciones en la tercera lectura y por artículos, falta la aprobación del Presidente, quien podría rechazar o dar su veto y si fuera el caso entonces nunca se convertiría en ley”.

El argumento reiterado por el diputado es que el fallo de la CC impide discutir la ley, y enfatiza en que la principal función del Congreso es discutir y aprobar leyes. Linares Beltranena es uno de los dignatarios de la Nación que redactó la Constitución Política de la República y al respecto indica:

“Cuando hicimos la Constitución en 1985 y creamos la CC, la creamos para que tuviera juristas objetivos, independientes, que fueran un ejemplo de la objetividad para los jueces en el país”.

Además de transgredir la Carta Magna, los tres magistrados cometieron prevaricato, señaló Linares y agregó que se trata de un delito permanente, porque la resolución sigue vigente. En este caso, “la PNC puede y debe capturarlos”, porque según explica, cuando el delito es flagrante, quien lo comete pierde el derecho de antejuicio.

A la flagrancia se suma que existe el antecedente del fallo que favoreció la permanencia del embajador sueco Anders Kompass, con el cual la CC se opuso a la decisión presidencial de declarar non grato al diplomático. Un caso similar sucedió con Iván Velásquez, señala Linares.

“Esta corte pretende ser Organismo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque impidió a la Corte Suprema realizar actos administrativos, lo cual no es de su competencia. Le pedimos al jefe de la PNC, al comisario Tohon, que proceda a capturarlos, porque están cometiendo delitos permanentes, y flagrantes”, concluye Linares.

Ralón: “el mismo tema había sido resuelto de otra forma”

Consultado por Perspectiva, Stuardo Ralón comenta que no conoce a fondo la petición de Linares para capturar a los magistrados. Sin embargo, añade:

“Llama la atención porque esta corte ya había resuelto sobre el mismo tema en forma distinta. En el expediente del amparo 1401-2017, la CC “,  un amparo para que no se aprobara el artículo 1 de la iniciativa 5259, que pretendía reformar la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo”.

Según recuerda: “en esa ocasión, la CC expresó que el Congreso tiene la atribución y obligación de aprobar ley. Actualmente, expresa un criterio diferente, aunque con una opinión dividida”.

Otro aspecto que debe comentarse a criterio del jurista, es que según la Ley de Amparo, los magistrados son responsables por sus fallos, no por sus opiniones. “Sin embargo, cuando se han mencionado posibles peticiones de antejuicio contra los magistrados, se evita mencionar el artículo de la ley de amparo que establece la responsabilidad sobre lo que legislaron. No es lo mismo opinar que emitir un fallo. El artículo 69 de la Ley de Amparo no ha sido interpretado. Los magistrados son responsables por sus resoluciones, aunque no por las opiniones emitidas públicamente”, señaló.

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