El constitucionalista José Luis González Dubón expone diferentes aspectos de la comisión estatal recién creada por el mandatario Alejandro Giammattei. Para el jurista, el tema va desde las buenas intenciones a lo improcedente y anticonstitucional. Según el entrevistado, se trata de una buena intención que se está realizando con mala asesoría legal.

Roxana Orantes Córdova

El 21 de enero, el diario oficial dio a conocer el Acuerdo Gubernativo 28-2020, que crea de forma temporal (cuatro años), la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que tiene como objeto “apoyar las acciones de ministerios e instituciones del Organismo Ejecutivo, para coordinar la Política Pública de Prevención y Lucha Contra la Corrupción”.

Tal política será diseñada para evitar que se repitan conocidos casos de corrupción y recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía, mediante mecanismos que logren recuperar fondos defraudados, indica el acuerdo de creación.

Los funcionarios integrantes de esta instancia son: Presidente de la República; ministro de Gobernación; Ministerio de Finanzas Públicas; Procurador General de la Nación; Secretario General de la Presidencia; Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia; Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno y Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción.

Lo bueno: intención de terminar con un sistema enraizado en el Estado

Una de las primeras organizaciones civiles en reaccionar fue Guatemala Inmortal (GI), que a través de un comunicado expuso sus puntos de vista, tanto los positivos como algunos cuestionamientos.

Para GI, resulta valioso que “Por primera vez, representantes del Estado, sociedad civil y organismos internacionales podrán ser escuchados con fines de retroalimentación en temas de prevención y lucha contra la corrupción”.

Según González Dubón, “es positivo el deseo aparente de investigar lo que ellos llaman corrupción, que es un efecto de una serie de procedimientos y no una causa. Es loable intentar que se frene la dilapidación”.

Asimismo, es positivo que en el artículo 7 de dicho acuerdo se establece que quienes tengan plazas remuneradas por el Estado, ejercerán sus funciones ad honorem en la comisión.

Carlos Sandoval, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, dijo a los medios que la comisión no se limitará al control interno, sino tendrá seguimiento del Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Según dijo, la intención del Presidente es eliminar todos los nidos de corrupción.

Lo malo: inconstitucionalidades y extralimitaciones

“Quisiera que este gobierno tenga éxito. Guatemala necesita un presidente exitoso y apreciado, que le dé lo mejor al país. Pero creo que debe asesorarse bien”, expresó González Dubón.

En medio de las buenas intenciones del acuerdo, existen algunos aspectos francamente negativos. Entre estos, estarían cambios en el nombre y las facultades de la Secretaría Privada de la Presidencia, que en el acuerdo se menciona como Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, cuyo titular será nombrado en días próximos.

Según afirma el constitucionalista, el mandatario no está facultado para determinar las funciones de un secretario de la Presidencia. “En el artículo 202 de la Constitución se establece que las atribuciones de los secretarios serán determinadas por la Ley. Y esto corresponde al Congreso”.

A esto se suma la confusión que genera el cambio de nombre de la Secretaría Privada a Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, indica González, quien insiste en que el nombre y atribuciones de la Secretaría Privada (y cualquier otra), deben ser fijadas por el Congreso. “Solamente el Congreso puede crear comisiones”, dijo.

Entretanto, Guatemala Inmortal señala como inconstitucional la facultad de “plantear acciones legales que permitan la recuperación de bienes defraudados”. La agrupación civil afirma que estas acciones son potestad del MP y la PGN.

El comunicado de GI concluye:

“Con el nuevo método hermenéutico utilizado en la actualidad por la Corte de Constitucionalidad -el momento político define el concepto jurídico-, difícil es ya visualizar si ya está o no negociado que sea el Presidente quien plantea las acciones legales contra los corruptos”.

Lo feo: un Estado que se auto investiga y peligro de condicionamiento externo

“Es absurdo que alguien nombre a su propio secretario para que lo investigue”, expone González Dubón. Esta ha sido una de las constantes críticas desde que el 21 se publicó el Acuerdo en el diario oficial.

Luis Enrique Pérez expone en su columna de opinión que dicha comisión no debería ser del Organismo Ejecutivo “porque es improbable que una comisión tal pueda ser un medio para denunciar a funcionarios de ese organismo, incluido el Presidente de la República, por cometer actos de corrupción, e investigarlos y convertirlos, con el concurso del Ministerio Público, en sujetos de persecución penal”.

“En general, una comisión cuya finalidad fuera combatir un determinado delito, no debería depender de aquellos que podrían cometer ese delito. Y por esto mismo creo que sería insensato que, por ejemplo, el Director de la Policía Nacional Civil creara una comisión que fuera medio para denunciar e investigar presuntos delitos de corrupción cometidos por funcionarios o por agentes policiales”, dice el columnista.

Otro aspecto “feo” o poco claro es el tema de las donaciones externas, indica GI. La potestad de aceptarlas o rechazarlas es del Director Ejecutivo de la comisión. “Se corre el riesgo de un director alineado con donantes internacionales (Soros, ONU y otros)”. Esto, señala GI, podría convertir al ente en un feudo.

Sobre este aspecto, González Dubón mencionó el riesgo de aceptar donaciones internacionales. “El que paga, manda”, concluyó.

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