Según informa un boletín de la ONU, dos expertos de esa entidad denunciaron el incremento de amenazas contra operadores de justicia y solicitaron al gobierno guatemalteco que se respete la independencia judicial. Paradójicamente, el término que usaron para referirse a los jueces que consideran vulnerables, fue “colaboradores” o personas que “cooperaron” con la CICIG. Dos juristas consideran que esto puede ser resultado de una traducción desafortunada, mientras el doctor José Luis González Dubón señala que la información publicada por el organismo internacional, evidencia la colusión entre la CICIG y algunos jueces.

 Roxana Orantes Córdova

El lunes recién pasado, el boletín de la Organización de Naciones Unidas (ONU), informó que los expertos Juan Pablo Bohoslavsky y Diego García-Sayán externaron “preocupación por denuncias sobre intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales”.

Específicamente, dice la noticia mencionada, “mostraron su preocupación por la delicada situación en la que se encuentran los jueces y fiscales que cooperaron con la CICIG”.

Una síntesis de la nota en el mismo boletín se titula: Aumenta la intimidación contra los jueces que colaboran con la CICIG e inicia diciendo: “Expertos de la ONU en derechos humanos denuncian que en Guatemala se está intensificando la intimidación y las amenazas contra los jueces que han colaborado con la CICIG, la comisión contra la corrupción”.

El término colaborar o cooperar puede ser producto de una mala traducción, señala el abogado del Comité de Unidad Campesina (CUC), Sergio Beltetón, quien asegura que la palabra “no está bien empleada”. En cualquier caso, dice, puede referirse a jueces que han resuelto favorablemente en casos apoyados por la CICIG, en el ámbito de sus atribuciones.

Sonia García, de la Asociación de Abogados Mayas, afirma: “el juez contralor de la investigación tiene que observar lo establecido por la ley en materia de Derechos Humanos y actuar según las leyes, en el marco del Estado de Derecho. Recientemente, fue amenazado el juez Pablo Xitumul, quien ya interpuso una demanda ante el Ministerio Público. La Policía Nacional Civil (PNC), lo interceptó y agredió. El juez ha sufrido más de una amenaza, por ser uno de los que da seguimiento a casos en los que participa la CICIG y que van en la misma línea que esa comisión”.

El militar, abogado y analista Julio Rivera Clavería, expresa en sus redes sociales: “Los jueces no pueden ni deben colaborar con las partes procesales ni con organismo nacional o internacional, los jueces dictan sentencias conforme  la ley y deben ser objetivos, imparciales e independientes, es por esto que preocupan las declaraciones de funcionarios de la ONU”.

El constitucionalista José Luis González Dubón señala: “Es importantísimo que los empleados de la ONU hayan reconocido que tienen jueces colaboradores, lo cual demuestra la colusión entre la CICIG y los jueces, hecho ampliamente conocido y ahora confirmado con la declaración”.

González agrega: “que la ONU lo reconozca solamente evidencia la realidad de lo que ya se había señalado: ellos tienen jueces colaboradores y no existe independencia judicial. Jueces y magistrados de la CC están cortados por la misma horma que la CICIG. Se han apegado a las órdenes de esa comisión para perseguir a los señalados y quienes no se plegaron, resultaban perseguidos por ese ente. Es valiosísimo que ellos mismos admitan tener jueces a su disposición”.

Al respecto, el artículo 203 de la Constitución Política de la República, expresa claramente: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes”… “Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.

¿Incremento de las amenazas?

Jueces, magistrados y otros operadores de justicia son amenazados continuamente, explica un abogado que prefiere quedar en el anonimato. Muchos de ellos están bajo acecho, especialmente quienes se enfrentan a mafias y otras estructuras criminales.

Sin embargo, añade, en la información publicada por la ONU no se expresan datos claros sobre el número de casos recientes que pudiera comprobar el incremento en estas amenazas. La más reciente entre las denunciadas, es la del juez Xitumul, quien “fue un abusivo. Cuando la policía le ordenó parar el carro, se negó a entregar sus documentos, aduciendo que es juez”.

Una agrupación llamada Asociación de Jueces por la Integridad, señaló hace algún tiempo: “existen procesos álgidos y complejos, a los jueces los vemos vulnerables. Podríamos hablar de casos concretos: Pablo Xitumul, Carlos Ruano, Miguel Ángel Gálvez y Ericka Aifán”.

Pablo Xitumul ha denunciado diversas amenazas. En 2016, una carta enviada por pandilleros lo alertaba sobre un atentado. En 2018, denunció que fue perseguido por un vehículo y filmado por policías en Antigua Guatemala. Además, un hombre le dijo “corrupto” en un centro comercial. Y recientemente se produjo el incidente que lo confrontó con agentes de la PNC.

Aifán también ha sido perseguida por vehículos y amenazada más de una vez. Sin embargo, llama la atención que el año pasado, asistiera a un foro convocado por la CICIG y la cooperación alemana, con el título: “El rol del Poder Judicial en el combate a la corrupción”.

En ese evento, Aifán expresó que el ejercicio de la función judicial se desgasta cuando el juez debe atender quejas disciplinarias o acciones legales. Según dijo, para ejercer libremente sus funciones, los jueces deben estar libres de presiones. Y calificó como presiones y ataques a la independencia judicial las denuncias ante el sistema disciplinario del Organismo Judicial.

Al respecto, González Dubón enfatiza en lo impropio de que un juez acuda a un evento organizado por una de las partes interesadas en los casos que juzga y agrega: “llama hostigamiento al cumplimiento de la ley. Sencillamente, las denuncias disciplinarias son parte de los procedimientos establecidos. Los jueces “colaboradores”, caen en el delito de prevaricato. Sus resoluciones son violatorias y constituyen abuso de autoridad”.

Entre los casos que podrían mencionarse como amenazas contra jueces, se reportó en los informativos un hecho que pareciera producto de una imaginación muy exaltada. Según un medio de comunicación, “los jueces”  “temen por sus vidas” debido a que Nester Vásquez Pimentel, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, nombró jefe de seguridad del Organismo Judicial al ex subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Gobierno (SIE), Roberto Mota Bonilla.

Cabe apuntar que dicha secretaría realiza análisis estratégico. Es decir, identifica riesgos y amenazas para la gobernabilidad y plantea escenarios al Presidente, a fin de que tome decisiones con base en sus informes.

CICIG: ¿en busca de recuperar el terreno perdido?

El debate generado por las declaraciones de los funcionarios de la ONU se produce en un contexto en el cual la CICIG parece estar implementando varias tácticas para validar su permanencia en el país.

Entre los elementos que pueden abonar a esta suposición, están las citadas declaraciones de los expertos y la reaparición de Leidy Santizo, mandataria de la CICIG, en el caso Manipulación de la Justicia, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.

Según Santizo, se había abstenido de aparecer en otros procesos por protocolos de seguridad, aunque hoy solicitó ser agregada como querellante adhesiva. Aunque los defensores pidieron retirar a la representante de la CICIG, Gálvez denegó la solicitud.

“Para empezar, no tienen que hacer en Guatemala. Finalizó el tratado y Guterrez no acepta la voluntad soberana del gobierno guatemalteco. Guatemala es un Estado con representación en la ONU. Es increíble que el gobernante y su gabinete no hayan acudido ante la Comisión de Viena ni argumentado con la Carta de la ONU para señalar cómo el secretario de esa entidad está atentando contra la soberanía nacional”, concluye González Dubón.

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