Entrevistado por Perspectiva, el fundador del grupo Política más una docena de huevos, Noel Barillas, explica cómo y por qué su organización y un grupo de ciudadanos insisten en que la primera vuelta de la elección no es válida. Barillas afirma que ejercerá un abstencionismo consciente, puesto que no puede  considerarse legítima la participación de ninguno de los dos candidatos que llegaron al balotaje. Barillas es uno de los ciudadanos que interpuso el recurso de amparo que pretende dejar sin efecto los resultados de la elección y suspender el proceso.

Roxana Orantes Córdova

Noel Barillas es un activista que desde hace siete años participa en acciones de incidencia ciudadana. Fundó un grupo civil que se identifica como conservador, llamado Política más una docena de huevos, que ha tenido una participación protagónica en las protestas contra las diferentes irregularidades de la primera vuelta,  frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP).

¿Cómo define a Política más una docena…?

Somos una organización cívica con una orientación nacionalista. Defendemos la propiedad privada y sustentamos valores basados en Dios y la familia. Considero que somos un grupo con una orientación conservadora.

¿Qué acciones civiles han realizado?

Iniciamos hace siete años acciones cívicas. Hace un año presentamos la solicitud para la destitución de Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Para ello recolectamos 23 mil firmas de ciudadanos. Aunque el Congreso no dio trámite a la solicitud de estos ciudadanos, quedó claro el rechazo de la ciudadanía a la falta de respeto contra las creencias religiosas del pueblo católico que fue avalada por el PDH.

Es interesante que no solamente firmaran católicos ofendidos por la ridiculización de la imagen de la Virgen María, sino también evangélicos, personas de diferentes credos y hasta agnósticos. La denuncia contra Rodas sigue dormida hace un año en la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público (MP).

Somos un grupo activo en redes sociales, donde tenemos más de 5,800 seguidores. Desde ahí hemos denunciado repetidamente los abusos del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como su ex comisionado Iván Velásquez. Estuvimos entre los ciudadanos que se opusieron a las propuestas de reformas constitucionales promovidas por Velásquez.

¿En qué momento comenzaron a cuestionar las irregularidades de la primera vuelta y a mencionar la palabra “fraude”?

Fui candidato para una diputación distrital por el Partido Unionista (PU). Independientemente, esta participación me permitió ser un observador muy cercano de todas las irregularidades que se cometieron a nivel nacional. Al ver los resultados, fueron muy evidentes las incongruencias, especialmente entre los votos obtenidos para presidente y para diputados.

Da la impresión como si los errores hubieran favorecido a partidos prácticamente desconocidos que lograron colocar diputados, tal es el caso de Winaq o Semilla. Pareciera como si hubieran tenido apoyo por razones ideológicas, como si hubiera habido interés de ubicar a un frente izquierdista en el Congreso.

Hubo horrores desde el primer momento. Personas particulares que denunciaron desde los mismos centros de votación, boletas marcadas. La pérdida de cadena de custodia. Luego el tema del software, que duplicó y manipuló resultados.

El TSE anunció quiénes fueron los diputados electos, pero en realidad no tenemos certeza de quién obtuvo cada casilla. Es lo mismo con las alcaldías. Para el Parlacen prácticamente no hubo votos y ya hay diputados electos.

¿Qué opina del Parlacen?

Es una institución inoperante que subsiste gracias a los impuestos del país pero no tiene ninguna función, más que acoger a políticos y sus familiares. Es una cueva de parásitos. Por ejemplo, Sandra Torres tiene ahí a sus dos hijas, una como diputada y otra como suplente.

¿A qué atribuye el nepotismo, clientelismo y otras prácticas perversas de los políticos?

El deterioro de los partidos no es ideológico. Es un mal instaurado que debe dejarse atrás. Lamentablemente quienes hablan de la “vieja política” son los mismos que instalaron esas  prácticas corruptas.

¿Cómo ha sido el proceso de denunciar y oponerse al resultado de la primera vuelta?

Después de conocer los errores y horrores de la elección, consideramos inaceptable que las cosas se quedaran así. Desde el día siguiente iniciamos los plantones cívicos y demandamos del TSE y el MP que se esclarezca este asunto.

Hasta ahora van siete plantones, cada sábado a las dos de la tarde, y se nos unieron varias agrupaciones. La acción de amparo fue interpuesta contra el acuerdo 362 del TSE, que el 1 de julio validó los resultados de las elecciones y convocó a la segunda vuelta, aunque no se había terminado la revisión de las papeletas.

Lo que buscamos es detener el proceso, defender el derecho de la ciudadanía a que se respete su voto. Que se cancele la segunda vuelta y se de nulidad a la primera. Aunque existen plazos jurídicos, no han sido respetados.

La CSJ tardó en responder y dar trámite al amparo, lo hizo varios días después, luego de una protesta concurrida que buscaba presionar su respuesta.

El TSE debía llevar sus pruebas ante la CSJ 48 horas después de notificada, pero no lo ha hecho hasta el momento y es previsible que no lo hará.  Hasta ahora no hemos sido notificados si presentaron o no sus pruebas.

El miércoles 7 de agosto sesionó el pleno de magistrados. Pensamos que iban a resolver pero no lo hicieron. La CSJ está alargando los plazos y esto es ilegal.

Queda muy poco para la segunda vuelta ¿qué pasa si se llega a ella sin tener resolución del amparo?

Los magistrados estarían incurriendo en un delito.

¿Y si llegamos al domingo sin que se hayan anulado las elecciones?

Será una segunda vuelta ilegal. Tendrían que anularla si finalmente se declara con lugar. Nos robaron los votos.

¿Y si no se declara con lugar el amparo?

Acudiremos a la Corte de Constitucionalidad. Aunque estamos conscientes de que existe una captura del Estado por parte de diferentes actores cercanos a la izquierda, entre estos la CC, es nuestro deber ciudadano recurrir a la legalidad. Tenemos que creer y agotar los recursos de ley, aunque sabemos que las cortes están cooptadas y responden a fines personales, políticos y económicos.

Tenemos derecho a oponernos pacíficamente, a realizar diferentes manifestaciones y seguir denunciando. La lucha no termina el 11 de agosto. Hasta el 14 de enero se puede seguir accionando contra las irregularidades. Esto apenas empieza.

¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.