En los últimos días, dos jueces dieron marcha atrás en decisiones anteriores. Erika Aifán desligó de un proceso al ex presidente Otto Pérez Molina, mientras la Sala Primera de Mayor Riesgo amparó al “Rey del tenis”. Ambas decisiones resultan desconcertantes por contradictorias. Para comprender el trasfondo de esto, Perspectiva consultó a Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov, quien considera que existen por lo menos tres factores que están modificando el accionar de algunos jueces.

Roxana Orantes Córdova

En agosto de 2019, la juez Erika Aifán ligó a proceso al ex presidente Otto Pérez Molina, uno de los señalados en el caso “Red poder, corrupción, lavado de dinero”. La información que circuló enfatizaba en la solidez de las pruebas contra el ex mandatario y otras personas, incluyendo al ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, Gustavo Alejos.

La página de la Comisión Internacional Contra la Impunidad señala en los antecedentes del caso:

“El caso se sustenta en diversos informes realizados por la CICIG, allanamientos, más de 15 declaraciones testimoniales, información bancaria y múltiples evidencias provenientes de otros casos adelantados por ésta y el Ministerio Público, entre ellos Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud”.

Con base en denuncias e información pública, el Ministerio Público-FECI y la CICIG profundizaron el análisis sobre el ingreso de dineros ilícitos en las campañas políticas y los beneficios generados para diversas personas”.

Hace unos días, Otto Pérez Molina y el ex gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, fueron desligados del proceso por falta de méritos en primera instancia, si bien la FECI podría apelar la resolución. Pérez permanece ligado a otros dos procesos y sigue en “prisión preventiva”, puesto que no se le ha otorgado medida sustitutiva.

Y poco después, “La Sala Primera de Mayor Riesgo ordena suspender el juicio en contra del magistrado Eddy Orellana y los hermanos Guadalupe y Sergio López Villatoro (Rey del Tenis). De una manera inexplicable, la Sala otorgó un amparo al Rey del Tenis”, indica una cuenta de Twitter llamada @Ricigt1, que se identifica como “red de información contra la impunidad en Guatemala” y aparentemente es una herencia de la CICIG.

La inmediata respuesta provino de Igor Bitkov, uno de los más afectados por la acción de la CICIG. Bitkov escribió: “Yo diría que todo es explicable. Fue el caso típico de la CICIG montado sin pruebas y sustento legal solo para sembrar miedo entre magistrados y jueces. Ahora está cayendo junto con otros casos similares. Lástima que sufren las personas y familias enteras”.

Un incómodo antecedente

El 5 de agosto se había hecho público  ese proceso. La última semana de ese mes, la fiscal Cinthya Monterroso, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó una denuncia penal contra Aifán, a quien acusó de abuso de autoridad porque la habría presionado para imputar los delitos que fundamentaban órdenes de captura en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, porque de lo contrario, “tendría que declarar falta de mérito”. “Esta fiscal denunció que Aifán le daba instrucciones sobre cómo hacer las mputaciones”, recuerda Rolando Alvarado.

La denuncia de Monterroso fue ampliamente divulgada y en esta resalta la ansiedad de Aifán por lograr que la fiscal respondiera a sus expectativas. Además, Monterroso mencionó un trato poco respetuoso de la juez, quien en diciembre de 2919 declaró falta de mérito y libertad a cinco de los señalados mientras 15 fueron ligados a proceso. Entre los liberados estaba el ex ministro Jorge Villavicencio, calificado como “cabecilla” de la banda delincuencial pero contra quien no hubo pruebas contundentes.

Para un juez es por lo menos incómodo retractarse de su primera resolución. Según dice Alvarado, las órdenes de captura se emiten con base en las pruebas analizadas por el juez, quien decide pedir la captura. Y la declaración de falta de mérito es un reconocimiento implícito de que se cometió un error al aceptar esas pruebas.

Aislamiento, denuncias y elección de magistrados: tres elementos del contexto

Dos tribunales fieles a la CICIG-FECI que inesperadamente cambiaron el rumbo, para aparentar resoluciones un poco más ajustadas al Estado de Derecho, parecen evidenciar que sus titulares tienen temor a que sus ilegalidades los alcancen, señala Alvarado, quien añade: “se sienten solos. La CICIG no está para apoyarlos y sembrar el terror. Esto los hace retractarse de lo que ya sabían era ilegal”.

Este sería el primer factor que motiva el aparente cambio, expresa el jurista. En segundo lugar, existe gente con valor que ha denunciado las diferentes ilegalidades en los tribunales afectos a la CICIG: abuso de la prisión preventiva, pruebas que no se sostienen, capturas con lujo de fuerza y muchas violaciones contra los derechos humanos que podrían llegar a instancias internacionales, señala.

Una de las peores violaciones contra los derechos humanos es que por lo menos siete de los procesados en los juicios promovidos por la CICIG-FECI resultaron absueltos luego de pasar desde meses hasta años en prisión preventiva. Algunos de ellos murieron, como el doctor Jesús Oliva o Manuel Barquín. Y otros, como el “chiclero”, terminaron con una grave enfermedad. Hasta el momento, no se evidencia ningún intento de reparación para estas víctimas de un sistema que los estigmatizó como a los peores delincuentes, les negó las medidas sustitutivas y finalmente, terminó por reconocer su inocencia.

Y finalmente, estamos en plena elección de jueces y magistrados. Algunos de los jueces “colaboradores” de la CICIG pretenden colocarse en esos puestos o llevar a personajes afines, que conformarían un equipo “sustituto” de la CICIG. Aparentar imparcialidad y respeto a lo establecido en las leyes sería una actitud para favorecer su imagen ante el proceso de elección en las cortes, concluye Alvarado.

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