Las divisiones internas de los partidos, sumadas a los cuestionamientos contra aspirantes a candidatos por transfuguismo, carencia de finiquitos y denuncias penales, son características que comienzan a definir el actual proceso electoral. Lo anterior incide en que varios de los nombres propuestos por los partidos para dirigir el país, comienzan a salir de una contienda signada por los rumores y la confrontación en redes.

Roxana Orantes Córdova

En las primeras horas de la tarde, el Movimiento Cívico Nacional (MCN), convocó a los medios para acompañar a su presidente ejecutivo, José Echeverría, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde solicitó que haga público el criterio aplicado para denegar la inscripción de cinco diputados, postulados a ocupar curules por partidos políticos diferentes a los que representan actualmente.

Lo anterior, informó el MCN en sus redes sociales, “para garantizar que su aplicación sea igualitaria y coherente con lo establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)”.

El artículo 205 de esa ley señala: “Queda prohibido a las organizaciones políticas y a los bloques legislativos del Congreso de la República recibir o incorporar a diputados que hayan sido electos por otra organización política”.

Hoy, el TSE revocó la candidatura de Mauricio Radford, presidenciable de FUERZA que ya había sido inscrito. El vocero del TSE, Luis Ramírez, dijo a Perspectiva que la decisión se tomó porque Radford tiene una denuncia penal por abuso de autoridad.

Casi simultáneamente circularon declaraciones del Contralor en funciones, Fernando Fernández, quien puso en duda que Thelma Aldana pueda ser presidenciable, argumentando que la ex Fiscal General cuenta con un finiquito extendido en septiembre pasado pero en diciembre, la Contraloría General de Cuentas (CGC), interpuso una denuncia penal contra Aldana, por la contratación anómala de José Carlos Marroquín. Esta denuncia invalidaría el finiquito de septiembre.

“En caso de que solicite otro, se le denegaría, por haber sido denunciada en diciembre”, dijo a los medios el funcionario. Entretanto, Luis Ramírez dijo a Perspectiva que si Aldana no logra presentar su finiquito, “Semilla no podrá presentar la candidatura de su binomio, aunque sí podrían proponer candidatos a corporaciones municipales y diputados. Sería un caso similar al de Harold Caballeros, quien no pudo postularse en 2004 por ser pastor evangélico”, recordó.

Al mismo tiempo, varias fuentes coinciden en que Semilla no cumplió los plazos de ley para la realización de las asambleas.

Pese a lo anterior, la organización que tiene como bandera la lucha contra la corrupción, mantiene el optimismo y recientemente anunció que su vicepresidenciable será Jonathan Menkos, economista y director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), a quien un informativo calificó como “mano derecha de Juan Alberto Fuentes Knigth”, el ex ministro de Finanzas quien también es ex fundador del ICEFI y de Semilla.

Otro presidenciable que puede salir de la contienda es el alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, postulado por Prosperidad Ciudadana. Mientras la CGN aseguró que no le otorgarían el finiquito, Escobar dijo a los medios que se trata de denuncias antiguas retrasadas adrede para dejarlo fuera.

Escobar denunció que la entrega de finiquitos está politizada y exigió “un trato igualitario para todos los aspirantes, para que existan elecciones libres, no selecciones”.

En este contexto, al Partido Liberal de Guatemala (PLG) se le vedó la participación electoral. Al respecto, Ricardo Méndez Ruiz, quien participaría con el PLG como presidenciable, dijo en un comunicado emitido el 3 de marzo que ese partido incurrió “en una falta administrativa menor de forma involuntaria, que lo imposibilitó por parte del TSE”.

En dicho comunicado, Méndez Ruiz enfatiza en que la inhabilitación del PLG priva a Guatemala de “llevar al Congreso de la República a ciudadanos  honestos de pensamiento liberal y concluye: “Espero que la severidad con que le fue aplicada la ley al Partido Liberal de Guatemala sea observada también con los demás partidos políticos, sin preferencia ni ventaja alguna”.

Divisiones y pugnas internas

A la par de la incertidumbre que genera la suspensión de candidaturas y organizaciones, el divisionismo interno en los partidos aflora a través de medios y redes sociales.

Aunque Semilla se presenta como la opción de la “nueva política”, es un hecho que entre sus miembros, candidatos y fundadores, más de uno es exponente de la política tradicional.

Dos elementos evidencian esto: la incorporación de diputados que representan a otras organizaciones, entre quienes están Enrique Álvarez y Sandra Morán (quien ya renunció a la candidatura), al momento representantes de Convergencia, y el descontento de dirigentes departamentales, expresado en la carta pública de Silvia Karina Arreaga Orozco, ex dirigente de Semilla en San Pedro Sacatepéquez, donde era candidata a alcaldesa, y suplente en el Comité Ejecutivo Nacional, quien señala que esa organización “se convirtió en un vehículo electoral para servir a intereses personales” y afirma que “usan a los departamentos como escalera para llegar a puestos de elección”.

También el PLG enfrentó una división antes de la drástica medida en su contra. Un grupo intentó desplazar al Secretario General y fundador, Andrés Ayau García, quien desde 2015 había llevado a cabo una labor continua de organización en todo el país.

Ambos casos, así como la postulación de tránsfugas, ex funcionarios de gobiernos tildados de corruptos y personajes con denuncias penales, evidencian que el panorama electoral no es muy diferente a los de elecciones anteriores, aunque tiene como característica las limitaciones a la libre expresión y las dificultades del TSE para aplicar la nueva LEPP. Y si finalmente, el TSE inscribiera a Aldana, pese a la carencia de finiquito y a varias denuncias penales en su contra, el mensaje sería claro: hubo diferentes raseros para medir a cada candidato.

 

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