Uruguay es el país de América Latina con menor percepción de corrupción, según Transparencia Internacional. Esta organización elabora anualmente su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que evalúa a 180 países y en 2018 ubicó a Uruguay en el puesto 23 del mundo y en primer lugar de América Latina (con 70 puntos sobre 100 posibles).


Una ubicación privilegiada que, sin embargo, no significa que el país sudamericano esté vacunado contra ese problema, ni que no haya sufrido escándalos de corrupción importantes.


Por ejemplo, en septiembre de 2017, el entonces vicepresidente Raúl Sendic renunció a su cargo, luego que el Tribunal de Conducta Política (TCP) de su partido, el Frente Amplio, considerara que había tenido un “proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”.

Según investigaciones periodísticas, comprobadas por el TCP, Sendic había gastado unos 60.000 dólares en compras personales que realizó con la tarjeta corporativa de la empresa petrolera estatal ANCAP, de la que fue vicepresidente entre 2005 y 2009, y luego presidente entre 2009 y 2013. “Estos hechos comprometen su responsabilidad ética y política, con incumplimiento reiterado de normas de control”, agregaba el documento, que forzó a Sendic a renunciar a su cargo.

Sin embargo, para los expertos el problema en los países no es la corrupción, que consideran inevitable, sino el cómo los países reaccionan ante el problema.

Por eso, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) de Uruguay, Ricardo Gil Iribarne, cree que detrás de la mala noticia de la renuncia de Sendic, se ocultaba una buena: “los partidos políticos, la opinión pública, la estructura del Estado que controla esas cosas reaccionó y culminó con una cosa no poco importante que es la renuncia del vicepresidente”.

Según Gil Iribarne, Uruguay tiene fortalezas en el combate a la corrupción: “las fortalezas son la solidez institucional, división de poderes, respeto por las normas, y un conjunto de valores que la sociedad comparte que son muy importantes: los valores compartidos son los que limitan la posibilidad de los corruptos de actuar”.

En otras palabras: no aceptar la corrupción, condenarla y actuar en consecuencia.  “Aquellos países que tienen reacción ante los fenómenos de corrupción –porque corrupción siempre va a existir- necesariamente van a generar mayor confianza a los inversores, a los ciudadanos que aquellos que no tienen capacidad de reacción y se dejan ganar por la impunidad”, explica el director de la ONG Uruguay Transparente, Pedro Cribari.

Sin embargo, estos expertos subrayan que Uruguay todavía tiene debilidades en la lucha contra la corrupción, que debería corregir.

Cribari señala, entre otros problemas, la falta de peso de los organismos de control, que “deberían tener más independencia y autonomía respecto a los controlados”. Gil Iribarne, en tanto, destaca la “falta de alguna figura legal, básicamente la del enriquecimiento ilícito”. Esa figura penal ya tiene media sanción en el Senado y debe ser debatida todavía en la Cámara de Diputados en el correr del 2019.

La otra figura legal que todavía falta en Uruguay, según el presidente de la JUTEP, es la de la “corrupción privada”: “Uruguay sólo tiene tipificada la actuación del funcionario público, pero entre privados no hay un delito similar a la corrupción”, explica.

Por otro lado, ambos expertos marcan otros dos problemas específicos a mejorar: la ausencia de un control más transparente y estricto en el financiamiento de los partidos políticos y el escaso control del lavado de activos.

Uruguay, conocido durante el siglo XX como “la Suiza de América” entre otras cosas por su infranqueable secreto bancario, hoy ha dejado de ser un paraíso fiscal.

En 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a Uruguay en la lista de países que “sustancialmente han implementado los estándares para el intercambio de información y transparencia” y de esta forma lo sacó de la lista gris del organismo sobre paraísos fiscales.

“Uruguay tiene una historia donde por mucho tiempo fue un país muy permisivo. Eso cambió. Hoy el país no acepta ser plaza de lavado. Pero no alcanza con no querer, hay que estrechar mecanismos”, explica Gil Iribarne.

Un ejemplo claro de esta situación es el caso Lava Jato, que salpicó de casos de corrupción a toda América Latina.

Uno de los periodistas que más investigó el tema es Walter Pernas, director del portal de investigación sudestada.com.uy, y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de la República de Uruguay.

Según Pernas, aunque hay elementos periodísticos que marcaron cómo el dinero de los sobornos fue lavado a través de estudios jurídicos en Uruguay, esto nunca fue investigado por la Justicia.  “Uruguay no ha hecho una investigación profunda del caso (Lava Jato), ni siquiera ha hecho una investigación preliminar, cuando los expedientes en Brasil del Lava Jato indican que Uruguay era la meca jurídica de toda la operación de lavado de activos”, explica Pernas.

Según este periodista, el problema en Uruguay es que “los fiscales y los jueces no investigan de oficio la corrupción. No hay aparatos eficaces ni grandes aparatos de investigación ni en la fiscalía, ni en la Justicia ni en la policía”.

Fuente: CNN

Total
2
Shares

¡Suscríbete a nuestro newsletter!

Información importante para ti

Al marcar esta casilla, confirma que ha leído y está de acuerdo con nuestros términos de uso con respecto al almacenamiento de los datos enviados a través de este formulario.