El año comienza con campanadas electorales. El 19 de enero, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), convocará a las elecciones generales. Junto a este proceso, en el que participarán 32,000 candidatos a puestos de elección popular, se realizarán las elecciones de magistrados a las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Sumado a lo anterior, existen recursos de inconstitucionalidad contra el TSE que no han sido resueltos. Según la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), este será un año clave, “porque por primera vez en 38 años de vida democrática, coinciden las elecciones en los tres poderes del Estado”.

Roxana Orantes Córdova

La entrada en vigencia de algunos cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), estrenará un nuevo modelo de proceso electoral, que podría ser un éxito o un fracaso. Sin un plan piloto ejecutado ni experiencia previa, el TSE se encargará de contratar la pauta publicitaria de los partidos en los medios de comunicación, en un intento por garantizar la equidad en la distribución de los espacios publicitarios para las 27 organizaciones políticas (y varios comités cívicos), que participarán en la contienda.

Para publicar espacios con propaganda política electoral, los medios debieron inscribirse en el TSE, donde se registran 18 impresos, 27 radios, 59 televisoras (abierta y por cable), además de agencias publicitarias y medios digitales. El TSE destinará el 0.25% de su presupuesto (poco más de Q500 millones, aunque el tribunal dijo a los medios que necesitaba Q689 millones adicionales para su funcionamiento institucional)

Algunas de las modificaciones a la LEPP motivaron que la Cámara Guatemalteca de Periodismo acudiera ante la CC a solicitar que se declaren inconstitucionales unos siete artículos modificados, y cuatro del Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Según afirman, estos cambios atentan contra derechos establecidos en la Constitución Política de la República, entre los que están el derecho a la libre emisión del pensamiento y la libre contratación.

Para los periodistas agremiados, la veda informativa que se impone a los estudios de opinión y los sondeos de voto, que tendrán como límite 15 días antes del evento electoral. Anteriormente, se permitía publicar estos datos hasta 36 horas antes de la elección.

ASIES planteó los probables escenarios

“El 2019 es un año clave, pues por primera vez en 38 años de vida democrática, coinciden las elecciones en los tres poderes del Estado”, señaló Celia Luna, investigadora del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ASIES, durante el desayuno anual con medios de comunicación, en el que se analizaron los avances y desafíos del 2018, así como las previsiones para el próximo año.

En los comicios próximos se elegirán presidente, vicepresidente, 158 diputados,  340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).  Además, el Congreso elegirá a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones, para el período 2019-2024.

Para garantizar la democracia y gobernabilidad, es necesario que los jueces y magistrados sean independientes. Sin embargo, la elección de los magistrados del Organismo Judicial (OJ), se produce en un momento coyuntural en el cual “se anticipa un juego intenso y reñido, donde habrá jugadores entrenados que se sumarán a los equipos pro o contra de la independencia judicial.

En el primero de los escenarios planteados por ASIES, el Congreso convoca a las comisiones de postulación para magistrados de las salas de apelaciones en los dos primeros meses del año. “Esto genera un escenario en el que los diputados no saben con certeza si serán reelectos”, dice ASIES.

La elección de magistrados después de la segunda vuelta, plantearía un escenario número dos, en el cual la correlación de fuerzas en el Congreso podría alterarse por los resultados electorales. Los electos podrían influir en el proceso y los diputados en funciones elegirían.

Si la designación de magistrados se realiza luego de la segunda vuelta, se presentará un escenario en el cual ya se conocerá quién es el Presidente electo para 2020-2024. En este escenario, elegirán magistrados los diputados en funciones, reelectos o no reelectos, y también podrían influir los electos.

Los magistrados que resulten nombrados decidirán la suerte de diputados que enfrentan procesos penales o de antejuicio. Además, personas vinculadas a procesos judiciales y quienes tengan temor de ser acusados, podrían influenciar en la elección de juzgadores para obtener ventajas y evadir la justicia, concluye ASIES.

En síntesis, al igual que en anteriores procesos de elección de magistrados, diversas fuerzas interesadas buscarán influir en las designaciones. El elemento inédito es que esta elección será simultánea al cambio en el Ejecutivo y ello exacerbará el componente político partidista del evento.

Los candidatos se preparan para la elección

Actualmente, 27 partidos políticos están inscritos en el TSE. De los 32 mil candidatos a diversos puestos de elección que participarán, unos ocho mil harán algún tipo de campaña y serán fiscalizados por la unidad especial del TSE.

Los partidos que ya realizaron asambleas en las que presentaron a sus binomios son: VAMOS, que proclamó a Alejandro Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario que compite por cuarta vez y Guillermo Castillo; director ejecutivo de la Cámara de Comercio.

El partido Todos tiene como candidatos a José Guillermo Alfredo Cabrera y Ricardo Sagastume. Cabrera presidió el Colegio de Abogados de Guatemala CANG y es decano de Derecho en la Universidad Da Vinci. Ha sido miembro en varias comisiones de postulación. Su vecipresidenciable fue miembro del gabinete de Alejandro Maldonado Aguirre.

Fuerza, la organización que postuló a Giammattei en 2015, tiene como binomio a José Mauricio Radford y Manuel Abundio Maldonado. El primero fue representante del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas, mientras Maldonado es administrador de empresas.

Valor designó a un binomio constituido por Zury Ríos y Roberto Molina Barretto. La hija del ex jefe de Estado y el ex presidente de la Corte de Constitucionalidad son una de las parejas de presidenciables más mencionadas y que tienen visos de llegar a la segunda vuelta.

Finalmente, la polémica ex primera dama, Sandra Torres, volverá a competir por la primera magistratura, siempre con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Entre las fortalezas de Torres están que obtuvo el segundo lugar en 2015, su sólida organización partidaria en el interior y proyectos como las transferencias condicionadas, que le han valido el calificativo de populista. Como en política no hay nada escrito, Torres está acompañada por un ex miembro de dos gabinetes: Carlos Raúl Morales, ex Canciller de Otto Pérez Molina y de Jimmy Morales.

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