Ramón Parellada, miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Económico-Sociales (CEES), de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), y Daniel  Fernández, de UFM Market Trends, que recién publicó un plan económico ante la emergencia de COVID-19, coinciden en que la eliminación de algunos impuestos y trabas al comercio pueden ser más beneficiosas para la reactivación que algunas de las medidas propuestas por el presidente Alejandro Giammattei. Mientras, el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuestionó la propuesta del mandatario desde una perspectiva muy diferente a la de los dos economistas mencionados.

Roxana Orantes Córdova

El plan presentado por el mandatario tiene los siguientes objetivos: 1. Preservar la confianza económica para favorecer el empleo mediante el incentivo a la inversión; 2.Mantener la estabilidad macroeconómica; 3.Propiciar que la economía del país se recupere en el corto plazo, lo que requiere asegurar el financiamiento necesario para atender la emergencia; 4. Para asegurar los mecanismos de implementación se requiere legislación, políticas y adecuaciones presupuestarias; 5. Acciones sociales en beneficio de la población guatemalteca.

Las acciones propuestas por este plan son:

  1. Política fiscal que incremente el gasto público, especialmente en inversión para apoyar la recuperación económica y la generación de empleo.
  2. Reducción de 25% de los gastos de funcionamiento del Ejecutivo y trasladarlos a inversión. “Orientado a la construcción y ampliación de infraestructura estratégica”.
  3. Implementar transferencias monetarias temporales (unos Q350 millones), para apoyar a 160 mil familias que son las más vulnerables.
  4. 100 millones para iniciar con el programa de vivienda social.
  5. Dotar de recursos a las escuelas e invertir en remozamiento. Q175 millones
  6. Liberación de importaciones de medicamentos, alimentos priorizados y combustibles.
  7. Dotación de alimentos mediante programas sociales, con el apoyo de las iglesias, las instituciones sin fines de lucro y la cooperación internacional.
  8. Monitoreo de precios por la DIACO.
  9. Fondo de garantía de Q100 millones para los Mipyme.
  10. Se hará el esfuerzo para agilizar la devolución del crédito fiscal a los exportadores. Este año, debería ascender a unos Q.2, 600 millones.

El mandatario dijo a los legisladores que deben dejar las diferencias a un lado y “unirse para sacar adelante a Guatemala porque, según afirmó: “El plan ayudará a seguir en pie y a construir esa Guatemala diferente que amamos”.

Una de las primeras reacciones fue la del ex Canciller Edgar Gutiérrez, quien en su columna de opinión afirma que se trata de un plan de reconstrucción y no de reactivación económica. Entretanto, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), expuso: “no responde a las necesidades que deben cubrirse debido a la emergencia. No está orientado ni a los guatemaltecos de la calle, ni a los pequeños y medianos empresarios”.

El boletín informativo del Congreso mencionó que el diputado Jairo Flores insiste en que debe legislarse para garantizar que no se corten los servicios esenciales como agua, energía eléctrica y telefonía, aunque quienes no están laborando se retrasen en los pagos.

“Si no se garantiza la salud, alimentación, acceso a servicios básicos y salarios de los guatemaltecos, la UNE no apoyará la propuesta del presidente Giammattei”, dijo Flores, mientras la bancada mayoritaria del Congreso pidió a otros bloques que avalen iniciativas “que de verdad apoyen a los guatemaltecos ante el problema surgido”.

“Un plan económico sensato ante la emergencia COVID-19 para Guatemala”

Los economistas de UFM Market Trends, Daniel Fernández y Olav Dirkmaat, publicaron un estudio que contiene un plan para reactivar la economía guatemalteca. Fernández dijo a Perspectiva: “no somos un grupo de presión ni una organización o grupo económico. Esto garantiza que nuestro análisis no es sesgado. Este plan es una propuesta para la reactivación económica que resulta de análisis realizados desde 2018 y que ubican la propuesta en la situación actual”.

Es un hecho que la economía mundial se enfrentará a la recesión en el mediano plazo, afirmó Fernández, quien agrega que muchas empresas guatemaltecas, probablemente todas, serán afectadas por esa recesión. A este escenario se suma el paro productivo por los decretos gubernamentales.

Las medidas paliativas que sugiere el estudio son: 1. Aplazamiento de pago de impuestos y cotizaciones sociales (IGSS, Irtra, INTECAP), hasta tres meses después de normalizadas las actividades productivas;

  1. Eliminación del ISO, un impuesto que “descapitaliza a las empresas, al obligar a su pago antes de la generación de ingresos. Posteriormente, se acredita al ISR. En la práctica, funciona como pago adelantado de ISR;
  2. Bajar inmediatamente el ISR, de 25% a 15% y de 15% a 5%, para que se mantengan las planillas por lo menos los próximos tres años;
  3. Crédito fiscal por las pérdidas generadas como consecuencia de los acontecimientos actuales. “Aunque el cierre sea temporal, las consecuencias pueden perdurar en el tiempo”. Las pérdidas podrían ser compensadas con rentas positivas de los períodos impositivos siguientes. Esto daría alivio a las empresas.
  4. Vacaciones regulatorias aduaneras durante un año. Esta medida busca reducir la ineficiencia y arbitrariedad de algunos funcionarios de la SAT, que “mueven a conveniencia los rubros de las mercancías para obligar a pagar más impuestos, o exigen mordida por cambiar el rubro en que cae la mercancía”. Todas las mercancías que entren a Guatemala, pagarían el IVA de manera uniforme. Además, eliminar las medidas fitosanitarias, previendo la posible carestía que podría avecinarse.
  5. Permitir a las empresas que operen mientras obtienen los permisos relativos a higiene y prevención contra el COVID-19.

El coste fiscal de estas medidas ascendería a unos Q12 millones, monto que podría sufragarse con un préstamo blando con una institución internacional o con emisión de bonos del Gobierno. En el mediano plazo, debería financiarse con crecimiento económico, concluye Fernández.

Según afirma Ramón Parellada, la apertura total de las fronteras comerciales y la eliminación de todos los aranceles, sería muy positiva. En cuanto al fondo de garantía para los Mipyme, considera que “cuando se tengan los ajustes, podrían generar quiebras. Es jugar con fuego”.

En cuanto a la propuesta de que el MIDES entregue alimentos, el economista señala: “es una medida errada y clientelar. El MIDES debería cerrar por la corrupción que existe en esa dependencia. También se involucra al MAGA en esta propuesta, pero repartir víveres no es función de ese ministerio, que debe encargarse de facilitar técnicas de cultivo a los agricultores”.

En cambio, dice, la eliminación de aranceles a productos como el maíz, lograría evitar la carestía y regular precios nunca ha sido una solución. “El maíz tiene aranceles altos para proteger a los agricultores. Sin embargo, debería promoverse que ellos diversifiquen sus cultivos y que el maíz pueda importarse”.

UFM Market Trends sugiere una eliminación temporal de aranceles. Yo diría que debe ser total. En cuanto a la amnistía fiscal que propone el plan del gobierno, considero es injusta para quienes están al día con sus pagos. En cambio, el ISO debería eliminarse. Las tasas de impuestos bajas promueven la actividad económica”.

 “Soy reacio a que se otorguen fondos para emergencias, porque se prestan a gastos sin licitación. Cada vez que hay una emergencia, resultan familiares, allegados y amigos de los funcionarios ejecutando esos fondos. En cambio, es necesario que se creen suficientes salas de cuidados intensivos. No solo camas, sino ventiladores”, concluye.

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