El peso del presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) en ese organismo colegiado es relativo, dijo a Perspectiva el presidente de la Fundación Guatemalteca Contra el Terrorismo (FTC), Ricardo Méndez Ruiz, quien afirma que sin embargo, es de esperar que los magistrados afines a Iván Velásquez realicen una defensa oficiosa a la candidatura de Sandra Torres.

Roxana Orantes Córdova

La presidencia de la CC es un puesto rotativo que desempeñan durante un año los magistrados titulares. Hacia el final de la tarde de hoy, Bonerge Mejía recibió  el puesto para el período 2019-2020.

Entre las primeras reacciones reportadas por los medios, resalta la opinión de juristas que consideran a Mejía un magistrado con la capacidad necesaria como para enfrentar los principales retos de la CC: en primer lugar, reducir la “mora judicial” de una institución que en los últimos tiempos se ha caracterizado por recibir casi cualquier recurso de amparo.

Al mismo tiempo, y en un contexto electoral enrarecido por la falta de debate político, carencia de propuestas y una extraña aplicación de las nuevas normativas electorales, la CC tiene pendientes de resolver el amparo contra la Corte Suprema de Justicia interpuesto por Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Probablemente,  la CC presidida por Mejía también deberá resolver las apelaciones que permitirían la participación de Zury Ríos e incluso de Thelma Aldana, si bien la ex fiscal tiene una orden de captura y carece de finiquito.

Primero cercano al PP, luego a Iván Velásquez

El ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC llegó a la CC propuesto por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Una crónica de la época detalla que en el evento se evidenció el clientelismo y las alianzas del designado, quien junto con su primo Avidán Ortiz, también ex decano en la misma facultad, fueron conocidos por su “política de graduaciones exprés”, afirma el Centro de Medios Independientes (CMI), en un artículo sobre la elección de Mejía como magistrado de la CC, en el CANG, que lo eligió pese a que en 2008 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo mencionara en un informe por el delito de “incumplimiento de deberes como decano”.

“Más allá de cumplir con el debido proceso, se esconden redes oscuras de corrupción definidas por el poder político de los abogados e invisibilizadas por fiestas, becas, diplomados, comida, edecanes y bebidas alcohólicas”, aseguró el medio citado.

Entre 2012 y 2016 (poco antes de ser nombrado magistrado de la CC), Mejía recibió 17 contratos con la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por un total de 1 millón 280 mil 225 quetzales, detalla la página de Guatecompras.

En 2017, Anelisse Herrera, ex asistente del ex titular del MICIVI, Alejandro Sinibaldi, realizó extensas declaraciones como testigo de la CICIG, en las cuales afirmó que Mejía habría recibido hasta Q75 mil como soborno de Sinibaldi.

De operador del PP, el actual presidente de la CC pasó a ser un fiel alfil de Iván Velásquez, aseguró Méndez Ruiz, quien expresa que el poder del presidente de la CC es más simbólico que real, pero añade que es preciso tomar en cuenta que Bonerge Mejía es parte de lo que denomina el “trío” de magistrados afines a Velásquez.

Esta terna ha realizado “dictámenes relámpago” en casos que le interesan a sus aliados de las ONG´s, mientras dejan hasta un año sin resolver temas de interés nacional, señala Méndez Ruiz, quien recuerda el fallo de la Minera San Rafael, que se emitió luego de que esta fuera vendida, y el pendiente dictamen sobre un amparo de la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), sobre la censura contra la libre expresión contenida en la Ley Electoral y de Partidos Políticos reformada.

“Lo que puede esperarse en la gestión de Mejía es una defensa oficiosa de la candidatura de Thelma Aldana. Aunque su presidencia no cambiará la correlación de fuerzas en la CC, es preocupante el desempeño de esa corte, porque está en juego la democracia y el trío de magistrados puede emitir fallos relámpagos para favorecer a sus aliados”, concluye Méndez Ruiz.

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