El constitucionalista José Luis González Dubón, la diputada de Winaq Sonia Gutiérrez y el abogado litigante Rafael Maldonado expresan sus puntos de vista sobre la sanción del mandatario Alejandro Giammattei a las reformas a la ley de ONG´s, que motiva múltiples reacciones desde todos los sectores.

Roxana Orantes Córdova

Alejandro Giammattei, Presidente de la República, está “dando de qué hablar” con su decisión de sancionar la Ley de ONG´s porque “Guatemala necesita transparencia. Los fondos públicos y de donaciones internacionales deben ser administrados correctamente. Los que no han hecho un buen uso de los recursos son los que están inconformes con esta regularización”, escribió en su cuenta de Twitter.

En la conferencia de prensa donde anunció su decisión, fue cuestionado por la posible conflictividad de la medida, pese a que dos congresistas estadounidenses habían “recomendado” al mandatario que no se sancionara la normativa. A esto, Giammattei respondió:

“¿Por lo que opinen afuera me tienen que temblar las piernas a mí? ¿Entonces, qué clase de Presidente sería?”. Y describió el sistema de registro que existe en EE.UU. para todos los extranjeros que pretendan destinar fondos a obras sociales en ese país. El mandatario concluyó su respuesta reafirmando: “ya tomé mi decisión”.

La ley ha sido objeto de ocho recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), y según Sonia Gutiérrez, legisladora de Winaq, podrían interponer además una acción de inconstitucionalidad, debido a que la normativa está vigente, luego de su publicación en el diario oficial.

Entretanto el ex diputado y constituyente Fernando Linares Beltranena, escribió en su cuenta de Twitter:

“A los magistrados de la CC: los reto a suspender la ley de ONG´s. A nuestro Presidente no le temblarán las piernas para, por razones de intervenir en funciones constitucionales del Ejecutivo, ordenar su captura por cometer un delito continuado flagrante”.

“Vulnera principios legales”, dice Gutiérrez

Según expresa la diputada de Winaq: “la ley fue aprobada en forma perversa. En el orden del día estaba programado que se abordaría el tema del coronavirus y sorpresivamente, con mala fe, esto fue cambiado y se introdujo esta ley. Consideramos que esto es un procedimiento viciado”.

Gutiérrez enfatiza en que, además de los vicios de aprobación en la plenaria, la ley vulnera principios como la legalidad y la certeza jurídica. “El proceso para aprobarla fue ambiguo, pero además, trastoca temas institucionales como el de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que por ser una institución autónoma, necesitaría 107 votos para aprobarse cualquier cambio en sus funciones, y fue solamente aprobada con 87, como se aprobó”.

Según comenta, la CC ya dio trámite al amparo que interpuso Winaq, y “hay unos ocho amparos de las principales organizaciones sociales que resultarían afectadas por una reforma que está viciada”.

Gutiérrez considera que las reformas a la normativa afectan el derecho a la libre expresión, a la manifestación y otros derechos de los grupos sociales. “Ya se publicó por lo que interpondremos una acción de inconstitucionalidad ante la sanción”, señala.

“Es muy necesario fiscalizar a las ONG´s”, indica Maldonado

El ex abogado del Centro de Acción Social y Ambiental (CALAS), y actualmente litigante independiente, Rafael Maldonado, señala que su posición está dividida, aunque también reconoce que no ha estudiado con detenimiento el proyecto.

Por ejemplo, está totalmente de acuerdo con que se fortalezca la fiscalización de las ONG´s. “La Contraloría General de Cuentas debiera contar con un departamento especializado para estos casos, especialmente cuando se trata de fondos que estas organizaciones reciben del Estado”.

Se trata de una reforma a una ley que ya establece fiscalizar las ONG´s, y aun con esta vigente, se dieron casos como malversación de fondos y fraude en CALAS, que él denunció y representó su salida de esa organización.

“Ojalá CALAS sea la primera fiscalizada, ya existen serios señalamientos de posibles delitos que deben ser investigados y comprobados. Está mal que las ONG´s no quieran ser fiscalizadas. Es necesario mejorar la transparencia y la fiscalización del movimiento social”.

Sin embargo, señala que podría haber algún vicio o inconstitucionalidad en la normativa, lo que quedará a cargo de la CC analizar. “Dependerá de lo que conozca la CC y existiendo riesgo de inconstitucionalidad latente, podría suspender la normativa, al declararla inconstitucional”.

“La CC quiere quitarle los dientes a la ley”: González Dubón

“El Congreso puede volver a emitir las reformas, en caso la CC ordenara suspenderlas. Sin embargo, no encuentro ningún elemento de inconstitucionalidad, como violaciones contra la libertad de expresión, que es un derecho constitucional individual y no colectivo. No es un derecho de organizaciones sino de las personas. Tampoco hay ningún atentado contra la libertad de asociación. Lo que se les exige es someterse a los mismos controles que todos los guatemaltecos”, señala el constitucionalista.

“En cuanto a las sanciones para grupos que promueven actos ilegales, como tapar carreteras o destruir propiedad, ya están contemplados en los códigos Civil y Penal. Ninguna asociación ni persona, individual o jurídica, puede delinquir”, comenta.

Según González Dubón, “el problema es que la CC no resuelve conforme a la ley, sino conforme a criterios ideológicos. De ahí que podrían declarar cualquier artículo inconstitucional, sin serlo”.

Empero, “no pueden botarla toda. Podrían declarar algunos artículos inconstitucionales y ordenar que se revisen. Podrían intentar botarle los dientes a la ley, tratando de eliminar los artículos que más enfatizan en la fiscalización y control de estas organizaciones. Muchas de las ONG´s actúan bajo el amparo de sus homólogas extranjeras, que financian movilizaciones y protestas en diferentes países. Y eso quieren evitar. Que a la hora de una fiscalización, se encuentre que fondos destinados para un proyecto de desarrollo se emplearon, por ejemplo, en transportar personas del interior para manifestar”.

“La izquierda internacional actúa a través de las ONG´s y promueve actividades sediciosas, que alteran el orden público. No quieren que esto sea fiscalizado”, dice.

Según comenta, más de Q700 millones del patrimonio nacional han sido entregados a organizaciones no gubernamentales y según la Constitución, estos fondos están sujetos a la fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas.

Por otra parte, las leyes guatemaltecas establecen que cualquier persona que esté en el territorio nacional está sujeta a la ley. “Los extranjeros no están exentos”. En cuanto a la CC, señala que ha cometido más de un delito, entre los cuales están el prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución y violación de la Constitución.

“Usurpan atribuciones del Legislativo y el Ejecutivo. Ha llegado un momento en que no tienen legitimidad. Por ejemplo, en el caso de la elección de magistrados, el Congreso debería terminar el proceso”, concluye.

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