Nueve días antes de que se realice la segunda vuelta electoral, el acuerdo de asilo migratorio entre Guatemala y EE.UU. acapara la atención pública. Agencias internacionales, funcionarios estadounidenses y diferentes analistas, además de grupos civiles, exponen opiniones contrapuestas sobre un tema que no está suficientemente claro y que, según Mario Mérida, debería ser refrendado por la próxima legislatura que asume en enero de 2020, aunque el Secretario Interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin Mc Aleenan, dijo en teleconferencia con periodistas internacionales “esto debería estar funcionando en agosto”.

Roxana Orantes Córdova

La idea no es inédita y se ha implementado anteriormente en otros países. Sin embargo, declarar Guatemala como un “tercer país seguro” para recibir migrantes provenientes de diversas latitudes que pretenden llegar a EE.UU. como asilados, es “un reto enorme” para el Estado guatemalteco, afirma Mario Mérida, quien añade que el convenio se firmó en un momento muy complicado políticamente.

La poca claridad en la información sobre el tema es uno de los aspectos cuestionados por quienes avalan la posibilidad de que Guatemala se convierta en un territorio que ofrezca asilo temporal a personas de diferentes países que buscan llegar a Estados Unidos.

Entre los que se oponen a la firma del convenio están los 48 Cantones de Totonicapán, cuyos representantes acudieron al Congreso de la República para exigir la derogación del acuerdo, que consideran “irresponsable” e imposible de cumplir, dadas las condiciones precarias de Guatemala.

Otro de los opositores al acuerdo es Acción Ciudadana, que ayer presentó una solicitud de antejuicio contra el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, a quien señalan de “desobediencia y usurpación de atribuciones”.

Entre los que se oponen al acuerdo, un grupo estudiantil boicoteó la primera reunión de los congresistas sobre el tema, que debió cambiar de sede, y poco después, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con el Procurador General de la Nación y tres viceministros: Gobernación, Relaciones Exteriores y Trabajo, para conocer detalles del acuerdo. Aunque muchas dudas fueron respondidas, los diputados insistieron en que los titulares de las carteras deben estar presentes y los citaron para seguir con el tema el martes 6 de agosto.

Según la página del Congreso, el acuerdo contiene garantías en temas migratorios y beneficios laborales. Además, ocho de sus artículos mencionan los convenios internacionales que lo rigen. En cuanto al procedimiento para ratificarlo, el PGN José Luis Donado afirmó que no han recibido copia del acuerdo, pero “al tenerla se verificará si es necesario dicho procedimiento como se establece en el artículo 171, literal I de la Constitución Política de la República”.

Cabe mencionar que en la teleconferencia con prensa internacional citada anteriormente, Mc Aleenan dio un espaldarazo al funcionario guatemalteco, cuando dijo: “el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias, estuvo conmigo en el Despacho Oval de la Casa Blanca para la firma y ha sido nuestro socio, trabajando en este acuerdo e identificando las prácticas procesales para ejecutarlo”.

Estas muestras de buena relación y cooperación mutua se produjeron luego de que el acuerdo pareció tambalear, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC), detuvo momentáneamente la negociación al anunciar que esta debe ser refrendada por el Congreso. Al mismo tiempo, ex funcionarios y grupos civiles afines a los demócratas estadounidenses expresaron que el acuerdo convertirá a Guatemala en un inmenso campo de concentración y exacerbará las condiciones de vulnerabilidad del país.

Al mismo tiempo, un medio estadounidense que es calificado como afín a la administración de Donald Trump acusó al embajador Luis Arreaga de entorpecer el acuerdo. En cualquier caso, Arreaga fue llamado a consulta en su país, lo que impidió una reunión que tenía programada con ex funcionarios guatemaltecos, presuntamente para hablar del tema.

Inmediatamente, Donald Trump reaccionó a través de sus redes sociales, donde anunció que impondría aranceles a productos guatemaltecos y gravaría las remesas (un significativo porcentaje del PIB proviene de esa fuente). La CC afirmó que no habían prohibido al mandatario firmar el acuerdo, sino se limitaron a recomendar que se siguiera el procedimiento correspondiente.

Al retornar a Guatemala, Arreaga publicó en la página de su embajada un comunicado titulado Un nuevo enfoque audaz para reducir la migración irregular, donde enfatiza en las buenas relaciones entre ambos países y expresa que es necesario mejorar la capacidad y desarrollo económico de Guatemala a largo plazo. Además, comenta:

“Valoramos que Guatemala se comprometió a fortalecer sus sistemas de asilo y migración en 2017, cuando firmó el Marco de Respuesta Integral para Refugiados. Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos del gobierno de Guatemala para reformar su sistema de asilo y podría, si nuestro presidente lo aprueba, proveer mayor apoyo al sistema guatemalteco para la protección de refugiados, así como apoyar el desarrollo de una capacidad de retorno voluntario”.

En caso de que este acuerdo necesite la aprobación de legislativo, pertinente sería que el Congreso discuta el acuerdo en la próxima legislatura, como dijo Mérida. Sin embargo, ya se inició la discusión y el acuerdo podría ser aprobado de forma casi inmediata, considerando que, para Mc Alleenan, el acuerdo debería estar en marcha este mes.

Javier Zepeda, de la Cámara de Industria de Guatemala, menciona: “en términos generales, la CIG ve con buenos ojos toda acción que sirva para proteger la integridad y la vida de los migrantes. Sin embargo, la información no está totalmente clara. Es necesario que los gobiernos de ambos países clarifiquen cuántos, quiénes y de dónde serán las personas que vengan a Guatemala. Entendemos que eso es lo que se está haciendo con la visita del Secretario estadounidense”.

El acuerdo, explicado por funcionarios estadounidenses

A continuación se resumen los principales puntos expresados por Kevin Mc Aleenan a periodistas internacionales, el 31 de julio:

  • Tercer país seguro es la terminología coloquial para la sección de la Ley de Nacionalidad e Inmigración que cubre los acuerdos que reconocen el asilo.
  • En 2015, cuando Europa se enfrentó a diferentes flujos de refugiados de Siria hacia Alemania, ese país celebró acuerdos similares con Rusia y Turquía (analistas guatemaltecos han señalado las enormes diferencias de desarrollo entre esos países y Guatemala)
  • Solamente entre el 10 y el 15% de los solicitantes de asilo en EE.UU. logra demostrar que su petición de asilo es creíble. Revisar las peticiones en países más cercanos al lugar de origen aumentará la integridad del proceso y mantendrá a las familias de migrantes económicos lejos de los traficantes.
  • La alianza para abordar a los traficantes de personas que victimizan a los migrantes es de interés para los dos gobiernos.

El embajador Luis Arreaga, en su comunicado, expuso:

  • El presidente Trump y el secretario de Estado Pompeo han sido francos en este tema: los gobiernos del Triángulo Norte deben tomar medidas decisivas para detener la migración irregular hacia los Estados Unidos.
  • A través de este acuerdo de cooperación, el gobierno de Guatemala ha reconocido la importancia de su propio papel en ayudar a frenar la migración irregular y reafirmó su relación duradera con los Estados Unidos. Estamos preparados para seguir buscando soluciones en conjunto.
  • La provisión de apoyo económico, como se describe en el acuerdo de cooperación, y sujeta a la aprobación de nuestro presidente, podría darse como mayor inversión privada extranjera, asistencia de los Estados Unidos para el desarrollo, e inversión adicional de los EUA para desarrollar el sector privado de Guatemala y para crear empleos en el Altiplano Occidental –  la región de mayor emigración.  Guatemala y Estados Unidos también están trabajando juntos para aumentar el acceso a las formas legales de migración, como las visas de trabajo temporal.
  • Estados Unidos acoge con beneplácito este acuerdo y los pasos que Guatemala ha tomado para combatir la migración irregular y hacer su parte para ayudar a Estados Unidos a enfrentar esta crisis. Esperamos su implementación, de acuerdo con los requisitos legales necesarios en nuestras dos naciones.

¿El segundo capítulo de la “Guerra Fría”?

El reto que plantea este acuerdo es de una dimensión enorme, en un momento muy complicado, debido a que estamos en el último semestre del cambio de gobierno. El tema de la atención a los migrantes de Honduras y El Salvador no fue consensuado en el Triángulo Norte, señala Mérida, quien añade:

“Estados Unidos decidió individualizar las relaciones con cada uno de los tres países del Triángulo Norte. El secretario Pompeo visitó El Salvador, donde se entrevistó con Nayib Bukele. El presidente de Honduras se reunió con el mexicano López Obrador, para abordar el tema y Mc Alleenan visitó Guatemala para el acuerdo bilateral”.

Según esta opinión: “pareciera ser que el concepto integrador del Triángulo Norte se fragmentó y que EE.UU. ya no le apuesta al Triángulo Norte, mucho menos a la SICA”.

Entre los retos más complicados para el gobierno guatemalteco, Mérida considera que ya no le queda tiempo para diseñar una política de implementación del acuerdo, además de revisar varios aspectos de esto. Por ejemplo, expresa:

“qué se va a hacer con los ciudadanos provenientes de África y otros que vienen desde Europa, así como haitianos que no hablan español. Algunos de los países de donde parten estos migrantes no tienen relaciones diplomáticas con Guatemala. Existe demasiada ambigüedad en todo lo que va a ocurrir”.

En cuanto a la ayuda monetaria, el funcionario estadounidense planteó que esta podría ser canalizada por organismos como la ACNUR, que ya tuvo experiencia en atender a los refugiados guatemaltecos en México, hace unas décadas; y la Organización Internacional de Migrantes, también con experiencia en el tema de atender refugiados, señala.

“Otro de los temas es definir el espacio geográfico donde se ubicarían estas personas. Los 48 Cantones ya señalaron esto y aunque existen territorios que podrían habilitarse, como áreas en Petén, El Progreso o el norte de Quiché, es necesario considerar toda la infraestructura para ello, incluyendo el transporte. Es de preverse que unas diez ONG´s que ya no tienen gran actividad en Europa se trasladen hacia Guatemala para atender esos temas. Hubiera sido necesario ampliar el plazo para que fuera el nuevo gobierno el que analizara el tema del convenio”, comenta.

Entre los posibles elementos negativos, estarían una mayor vulnerabilidad de la seguridad, puesto que habrá que destinar elementos de la policía nacional para cuidar los perímetros en las áreas de migrantes asilados. Además, es probable que los guatemaltecos consideren un golpe ver cómo se destinan por ejemplo, US10 millones para la atención médica de los refugiados, mientras los connacionales mueren en las camillas hospitalarias sin atención.

El gobierno no supo alinear el apoyo con los grupos de derechos humanos y los tanques de pensamiento, comenta Mérida. “Por ejemplo, es muy relevante la reunión entre el funcionario estadounidense, Raquel Zelaya y Eduardo Stein”. Perspectiva intentó obtener un comentario de ambos analistas, pero mantienen hermetismo sobre el tema.

Para Mérida, es necesario que la política del gobierno se apuntale con argumentos de estos tanques de pensamiento, y es preciso que exista conciencia sobre la necesidad de contribuir a preservar la integridad de los refugiados.

Sin embargo, agrega, el tema  está influido por una confrontación entre demócratas y republicanos. “Es como una segunda etapa de la Guerra Fría, donde no se trata de la amenaza rusa contra EE.UU. sino la intención de fragmentar la unidad norteamericana. Hasta no hace mucho, los migrantes eran bien aceptados en ese país. Pero entre otros factores, existe el renacimiento del racismo extremo, el retorno ario. Además de esto, el control de Putin sobre Venezuela, Cuba y su apoyo a Nicaragua. En medio de todo, el pulso entre demócratas, que promovieron las caravanas masivas, y los republicanos. Para EE.UU. no es lo mismo atender el caso de cinco migrantes que atraviesan la frontera, al de una caravana de cinco mil, organizada para debilitar a la administración gubernamental en un contexto político”, concluye.

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