La solicitud de retirar el antejuicio a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se suma a la complicada coyuntura que atraviesa el ente electoral, actualmente en dos procesos que requieren toda su atención: la recepción de propuestas para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), y los procesos de cancelación de partidos, de los cuales al parecer la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quedará exenta.

Roxana Orantes Córdova

Según la página “Antejuicio visible”, de Guatemala Visible, en todo el país hay 1,059 solicitudes para retirar el antejuicio a diversos funcionarios y dignatarios que gozan de este derecho.

El que más solicitudes lleva acumuladas, los cargos con más solicitudes para retiro del antejuicio son:

Juez Segundo de Trabajo y Previsión Social (Marco Tulio Pérez Lemus), con 71 solicitudes.

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad: varios magistrados, suman 39

Alcalde de Santo Tomás Chichicastenango (Quiché), Rosendo Jerónimo Salvador, 16

La solicitud de antejuicio es algo con lo que muchos funcionarios conviven durante la mayor parte de su gestión y no debiera afectar el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, el mandatario Jimmy Morales tiene 15 solicitudes y la magistrada Gloria Porras, de la CC, tiene 18.

Aunque el proceso para que se pueda realizar una investigación sobre el accionar de los magistrados es un camino bastante largo por recorrer, las declaraciones del fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía contra Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), volvieron a enfocar la atención de la ciudadanía en los errores y omisiones de las autoridades electorales, quienes según el MP

“De forma consciente y voluntaria omitieron implementar y dotar a la Dirección de Informática las herramientas tecnológicas y recurso humano, incumpliendo con un acto propio de sus funciones como autoridades superiores del TSE”.

Grupos que han protestado porque consideran que hubo fraude electoral, pretendieron volver a “levantar” el tema, pero tal como afirmó el licenciado Raúl Falla, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT):

“No existe acción jurídica válida, por virtud de la cual se anule el proceso electoral y se repitan las elecciones. Es irresponsable tergiversar la verdad. El antejuicio del MP, fue por omitir crear una unidad administrativa. No caiga en la trampa de los vencidos en urnas”.

Otros elementos que complican al TSE

Por primera vez en la historia, la normativa electoral se había modificado tantas veces en tan poco tiempo. A la reforma de 2017, que pareció ser una de las compensaciones a la CICIG por no haber aprobado las reformas constitucionales, se suma la convocatoria a la recepción de propuestas, un proceso que seguramente será arduo y que se complicará para el TSE, debido a que hoy, el abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal (GI), se presentó su solicitud formal para integrar la comisión de reforma a la LEPP y “lograr que se derogue la última reforma, causante del desastre en la elección”.

La participación de GI también es un hecho inédito, porque en el país se volvió una tradición que cuando alguna entidad convocaba a “sociedad civil”, exclusivamente aparecían grupos afines a la izquierda y Organizaciones No Gubernamentales. La presencia de GI dará un elemento de fuerte debate a las discusiones, lo cual desde el punto de vista de la democracia es positivo, porque permitirá un producto más balanceado.

Sin embargo, siempre es posible que el TSE deniegue la participación a ese grupo, lo cual podría complicar aún más la situación.

Finalmente, la cancelación de organizaciones políticas que participaron en la elección es un tema que puede convertirse en fuente de señalamientos contra el TSE. Especialmente, los partidos que obtuvieron curules y con la cancelación quedarán sin posibilidad de integrar la Junta Directiva ni las presidencias de las comisiones de trabajo.

El caso de la UNE llama especialmente la atención, porque pese a que su líder Sandra Torres fue ligada a proceso y se definieron los cargos en su contra, parece que no será disuelto, porque según el TSE, carecen de los Q65 mil que deberán gastarse en fotocopias en ese proceso de cancelación. Y entre quienes opinan en las redes sociales, ya circula la versión sobre el trato favorable a una organización que, de no ser cancelada, será el líder del Congreso, aunque cumpla con los mismos requisitos de los que fueron cancelados o en proceso de estarlo, como el oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN) y la Unión del Cambio Nacionalista (UCN).

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