En conferencia de prensa, Guatemala Inmortal (GI); la Liga pro Patria y la Fundación Contra el Terrorismo (FTC), denunciaron las extralimitaciones e irregularidades cometidas por el Ministerio Público (MP). El presidente de la FTC, Ricardo Méndez Ruiz, señaló que el proceso electoral tiene un elemento inédito, constituido por una serie de variables que, sumadas, ponen en riesgo la credibilidad y transparencia de las elecciones.

Roxana Orantes Córdova

El abogado Raúl Falla señala que  ocho meses después de que Consuelo Porras fuera nombrada Fiscal General de la República, “las cosas no han variado y el MP sigue en manos de un grupo nombrado por Thelma Aldana”.

Según dice, Aldana fue designada por Otto Pérez Molina y posteriormente, presionada o coaccionada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), favoreció una forma de actuar que derivó en la crisis política y económica de gran magnitud.

Actualmente, en el país hay miles de recluidos en prisión preventiva, situación también llamada de reos sin condena. Un ejemplo es el caso del coronel Juan Chiroy y siete de sus compañeros, presos hace seis años. “La pena máxima por el delito que se le imputa sería de cuatro años”, afirma Falla, quien agrega que Porras ofreció revisar las medidas sustitutivas de quienes están ilegalmente detenidos, entre quienes están varios veteranos de guerra.

Muchos de los acusados por la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) y la CICIG no recibieron medidas sustitutivas pese a tener un fuerte arraigo en el país y a que no existía peligro de fuga. Algunos de ellos han muerto en prisión sin obtener el beneficio del arresto domiciliario.

Muy diferente fue el caso del ex fiscal Salvador López, quien procesó a 72 militares retirados y poco después, en estado de ebriedad, atropelló a Leonel Aldana, quien murió sin auxilio en la carretera,  y se dio a la fuga. Organizaciones de izquierda pro derechos humanos, nacionales e internacionales, exigieron un debido proceso para López, quien obtuvo medida sustitutiva rápidamente.

En el MP permanece César Romeo Santos, fiscal de Asuntos Internos, quien tiene a su cargo las denuncias contra personal del MP. Entre otras denuncias que permanecen estancadas, están el edificio de la corrupción, la plaza fantasma de José Carlos Marroquín, el ascenso irregular de varios fiscales que finalmente fueron restituidos a sus puestos y la negociación ilegal que Juan Francisco Sandoval realizó con la firma constructora Oderbrecht.

Según afirma Giovanni Fratti, de GI, Oderbrecht debía al Estado más de US$ 280 millones pero Sandoval accedió a recibir US$17 millones a cambio de que les entregaran un “testigo protegido”.

Los abogados coinciden en que ese tipo de negociaciones están a cargo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), “abogado del Estado”, y enfatizan en que Sandoval no tomó en cuenta a esa entidad. “La Fiscalía de Asuntos Internos no investiga las denuncias”, dice Fratti.

La abogada Carlota Torres Ocampo, de la Liga pro Patria menciona que esa organización lleva casi 20 años luchando contra la corrupción y el Estado de Derecho.

Es imprescindible que el Fiscal General sea una persona independiente, que la aplicación de la ley no esté vinculada con la violación de derechos. “Los ciudadanos tenemos que estar en eterna vigilancia”, señala.

¿Elecciones atípicas?

La ex fiscal Aldana, quien reiteradamente negó sus intenciones de postularse como candidata presidencial, tiene por lo menos seis demandas penales. Logró un amparo contra una de estas demandas en un juzgado civil.

Hay varios hechos  sobre los que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha pronunciado y que señalan a la ex fiscal:

  1. En 2017, mupis patrocinados por UNICEF se colocaron en diferentes puntos del país, promocionando una APP y usaron como modelo de la campaña a la entonces Fiscal General;
  2. Poco antes de abandonar el cargo, se autorizó el uso de varios vehículos, gasolina y agentes de seguridad, para ella y Mayra Véliz y
  3. Cuando trabajó en Migración, Véliz estuvo implicada en la autorización de documentos a más de cien ciudadanos extranjeros, quienes habrían salido de Guatemala.

Al momento, ambas ex funcionarias se perfilan como candidatas. Una a la Presidencia, otra a una diputación. Se especula que las postularía Semilla, organización de la que también se menciona que puede tener alguna irregularidad debido al incumplimiento de los plazos de ley.

Esta tolerancia y permisividad contrastan con la severidad hacia otras agrupaciones. Tanto Fratti como Méndez Ruiz coincidieron en mencionar las trabas a las candidaturas de Sandra Torres y Zury Ríos. En ambos casos se estaría aplicando la ley de forma retroactiva. Cabe mencionar que al cierre de esta edición se supo que Torres obtuvo amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“En cada una de las elecciones se han presentado diferentes variables. Por ello, cada una es atípica”, afirma Méndez Ruiz, quien agrega que en este momento, lo que se sale del patrón y genera un procedimiento atípico, es la instrumentalización del TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el MP,  por grupos que en 2015 afirmaban que no querían elecciones. “Se trata de grupos que se nutren de la confrontación y jamás van a llegar al poder por la vía democrática”, afirma.

“El proceso está por arrancar y hay figuras como el fiscal electoral Oscar Schaad, que no genera confianza. Es necesario que la población esté atenta”, concluye.

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